El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha acusado a Iberdrola de "falta de flexibilidad y de alternativas" para dar con una solución que permita la venta de sus centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), ya que su deseo es dejar de contar con el carbón en su 'mix', y ha reafirmado su intención de seguir adelante con el real decreto para endurecer los motivos para cerrar centrales.

En rueda de prensa conjunta con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, tras la reunión mantenida esta tarde en la sede del Ministerio con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Nadal subrayó que el único compromiso de la energética ha sido el de que estas dos centrales seguirán operando hasta 2020. "No ha habido ninguna alternativa realista de venta de las centrales a otro operador", dijo.

Asimismo, Nadal defendió que estas dos centrales de carbón sigan abiertas, ya que si no fuera así la factura de la luz de las familias españolas se elevaría en 2,5 euros anuales. "Cerrarlas supone pagar 2,5 euros más de recibo de la electricidad", añadió el ministro basándose en los cálculos de una simulación de Euphemia, el algoritmo común para toda Europa que se encarga de gestionar la formación de precios para la electricidad mayorista.

Además, reafirmó que existe "un interés general claro" en mantener estas centrales abiertas, ya que si no fuera así supondría "peores precios, costes mayores para el consumidor, la industria y un efecto sobre la economía local".

Nadal indicó que el presidente de Iberdrola ratificó en la reunión que su decisión es "eliminar de su 'mix' el carbón", decisión que considera que sí que puede ser tomada por la empresa, aunque mostró su extrañeza por el hecho de que no amplíe también esa política al gas, pero aseguró que "otra cosa" es cerrar unas centrales "que tienen rentabilidad y tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista económico".

Así, acusó a la compañía de no haber sido capaz de explicar, si su deseo es eliminar las plantas de carbón de su balance, "porqué no quiere vender". "No ha habido ningún compromiso por parte de la empresa", dijo Nadal, quien aseguró que a Iberdrola no le ha parecido adecuado partir de un precio de venta de la central cerrada, "achatarrada, sin el plan social y los costes medioambientales del cierre", que la empresa ha valorado en 35 millones, añadió.

Por ello, el ministro insistió en que estas centrales "ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad y tienen viabilidad", por lo que abogó para que se puedan vender a terceros a través de un proceso que podría ser "muy competitivo".

De esta manera, advirtió que se seguirá adelante con la tramitación del real decreto "tal y como está", e incluso añadió que le gustaría poder desarrollar una legislación "más amplia, con rango de Ley".

Respecto a la ausencia en la rueda de prensa del presidente de Iberdrola, Nadal señaló que "la empresa puede tener la estrategia de comunicación que considere, pero en la sede del Ministerio solo intervienen las Administraciones Públicas", sin aclarar si había sido invitado o no a participar en ella.

RESPALDO DE CASTILLA Y LEÓN Y ASTURIAS.

Por su parte, los presidentes autonómicos de Castilla y León y Asturias mostraron su apoyo al Gobierno en su defensa de "combinar la lucha contra el cambio climático con la transición energética" en defensa del interés general.

Asimismo, Herrera acusó a Iberdrola de tener "una posición de prepotencia, que viene reiterando en Castilla y León como agua que cae sobre lluvia previa, y de cambiar en sus planteamientos en los últimos tiempos de manera "injustificada", como ocurrió con la central nuclear de Santa María de Garoña, que finalmente se decidió cerrar el pasado mes de agosto.

Así, Herrera respaldó "la línea que ha marcado el ministro" e hizo un llamamiento a los grupos políticos del Congreso de los Diputados "para que sean receptivos a dar el mayor respaldo posible, a poder ser con valor de Ley, para endurecer los motivos por los que las eléctricas pueden decidir cerrar una central".

Mientras, el presidente de Asturias, Javier Fernández, defendió la permanencia de estas centrales de carbón desde "el punto de vista de la política global española y de Asturias, que tiene una marcada política industrial".

Fernández consideró que una empresa debe tener libertad para "deshacerse de una central", pero valoró que debe ser el Gobierno "quien debe decidir si es o no posible" cerrarla.