Defender el medio ambiente puede costar la libertad, e incluso la existencia, en algunas partes del planeta. David Khakim lo sabe bien. Este joven de Sochi tuvo que salir de Rusia y buscar protección internacional tras su lucha contra los abusos medioambientales que se cometieron para que su localidad albergase los JJ OO de Invierno en 2014. "Temí por mi vida", reconoce.

A sus 29 años, él puede considerarse uno de los millones de desplazados forzosos a causa del "actual sistema energético". La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la empresa sin ánimo de lucro Ecooo se han unido para poner el foco en dichas personas, ante una "conexión profunda", pero que "no se visualiza lo suficiente", entre su huida y un modelo "injusto, contaminante y con extracciones de ética dudosa".

De esa unión ha surgido la campaña Enciende refugio, con la que ambas entidades invitan a la sociedad a participar a partir de 100 euros en una instalación fotovoltaica situada en la localidad madrileña de Loeches. Con la venta de la energía a la Red Eléctrica, los participantes recibirán una rentabilidad anual del 4,5% y el 9% de los ingresos serán para CEAR.

Acnur calcula que cada año hay 21,5 millones de desplazamientos por culpa del cambio climático y estima que en 2050 serán 200. Pero más allá de quienes deben abandonar sus hogares por cuestiones relacionadas con el clima, CEAR y Ecooo destacan otras tres causas, de las que no hay cifras: los conflictos armados derivados de la pugna por materias primas, la construcción de grandes infraestructuras y la contaminación.

Activista desde una edad muy temprana "contra la corrupción y el régimen", antes de los Juegos David había sido arrestado alguna vez "pero solo unas horas". Sus problemas con las autoridades se agravaron cuando empezó a poner de manifiesto el daño que causarían al medio ambiente las infraestructuras que se iban a construir para la cita olímpica. Entre ellas se encontraba la que el Gobierno pretendía que fuese la central térmica "más grande del mundo". Proyectada junto a un turístico pueblo, en un paraje natural, el proyecto fue paralizado tras un año de presiones ciudadanas. "Descubrimos que el ruido que la gente que vivía cerca tendría que soportar sería más alto que el que producen los aviones y que se iban a utilizar productos químicos", afirma.

Investigaciones de impacto ambiental como aquella llevaron a la cárcel a su amigo Evgeny Vitishko. Un tribunal le impuso tres años de prisión por unas pintadas contra el gobernador local por la edificación, ilegal según los ecologistas, de mansiones para altos oficiales en un parque natural. David salió a la calle a exigir su liberación y fue condenado a 30 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, un asunto por el que presentó una denuncia, actualmente en curso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "La Constitución rusa permite las protestas individuales pero el presidente Putin aprobó una ley que las prohíbe. No puede ser que una ley esté por encima de la Constitución. Se vulneraron mis derechos", alega.

Desde ese momento, los hechos que le llevaron a solicitar el visado para España se precipitaron: pasó cuatro días entre rejas acusado de desobediencia, se le advirtió de que si no cesaba en su actitud volvería a ser encarcelado y recibió la visita de dos hombres que dijeron ser de los Servicios Militares pero que "no se identificaron".

"Teniendo todo eso en cuenta, empecé a pensar en irme. Siempre me gustó el estilo de vida europeo, pero nunca creí que tendría que mudarme. En Rusia tenía mi vida, a mi familia, a mis amigos...", cuenta. No tardó en tener la documentación necesaria y pocos meses después dejaba atrás su hogar: "Te dejan salir. Para ellos es mejor, porque si te encierran tienen que explicárselo al mundo".

Él llegó a Madrid en febrero de 2015, tras pasar por Holanda, y en menos de un año recibió la acreditación como refugiado, pero en casos así no siempre se logra el asilo. "Nos cuesta transmitir el motivo de la persecución porque nos constreñimos a la Convención de Ginebra", admite Paloma Favieres, abogada de CEAR.

El tratado, firmado en 1951, habla de persecuciones por razón de raza, nacionalidad, religión, pertenencia a un grupo o por opiniones políticas. La letrada no considera necesario modificar el texto para incorporar el supuesto medioambiental a los casos por los que una persona puede ser considerada refugiada y argumenta que interpretando las normas existentes puede conseguirse su protección.

"Acnur no denomina refugiados a los desplazados por estos motivos pero sí considera que deben ser protegidos. La pregunta clave es cómo", apunta Favieres. "Nosotros sí pensamos que se les puede aplicar el marco jurídico de la protección. La mayoría son de un colectivo social determinado, se ven obligados a desplazarse por la actuación de grupos armados o son activistas que reciben amenazas. Eso nos da margen", explica, al tiempo que cita otras fórmulas, como el concepto "razones humanitarias" que incorpora la Ley de Asilo española, "para personas en las que no concurren los requisitos de la Convención pero que no pueden volver a sus países".

La situación es preocupante, y cada vez más: estas cuestiones generan éxodos superiores a los producidos por las guerras y en lo que va de año, 164 defensores medioambientales han sido asesinados, según un registro que está realizando The Guardian. En 2016, uno de los casos más sonados fue el de la hondureña Berta Cáceres, asesinada, según un informe reciente, por orden de una hidroeléctrica.

David ha podido iniciar una nueva vida en Madrid: trabaja como programador web y responsable de redes sociales de un restaurante, vive de alquiler en un piso compartido y aunque hay palabras que aún le cuestan, ya habla español con cierta fluidez. Se siente bien en España pero echa de menos a su madre y a su hija de diez años, a las que no ve desde 2014. Sabe que regresar a Sochi aún no es una opción: "Todavía estoy amenazado. Temo que si vuelvo me metan en la cárcel".