El Ajuntament de Barcelona impulsa un cambio de modelo del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) para avanzar hacia un modelo de 'superilles socials' y de curas y para mejorar el servicio, la proximidad, la sostenibilidad económica y la ocupación que genera,  ha explicado este miércoles en rueda de prensa la teniente de alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz.

Inicia esta transformación con una prueba piloto en los barrios de La Marina, Sant Antoni, Poblenou y Vilapicina i Torre Llobeta, donde pequeños equipos autogestionados de una decena de profesionales atenderán de forma compartida a grupos de unos 50 usuarios que residen en una zona cercana, para facilitar los desplazamientos y promover el valor comunitario.

El proyecto de Vilapicina i Torre Llobeta, en Nou Barris, incorporará un ensayo adicional de mejora de la integración social y sanitaria, coordinado con el Consorci Sanitari de Barcelona y el Consorci de Salut i Social de Catalunya en el Centre d'Atenció Primària (CAP) Cotxeres, para analizar el potencial de este modelo en el seguimiento de personas con enfermedades crónicas.

El director de Planificació i Innovació de Drets Socials, Lluís Torrens, ha explicado que estas pruebas piloto pretenden "ensayar una nueva forma de provisión del servicio", que permitirá valorar si efectivamente se mejora la calidad del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores, el 97% de los cuales no llega a cobrar 1.000 euros netos al mes por 14 pagas.

Ortiz ha destacado que el concepto de 'superilla' se asocia en Barcelona al urbanismo, pero que puede llevarse al ámbito social para generar vínculos y sentimiento comunitario, para reducir problemas como la soledad: "Si nos organizamos todos los servicios municipales y damos un valor comunitario, sumamos".

Estas 'superilles socials' y de curas por zonas pretenden incrementar la proximidad y mejorar así el servicio y las condiciones laborales, y el Ajuntament prevee crear entre 200 y 250 en toda la ciudad, dividiéndola en áreas de entre 6.000 y 8.000 habitantes.

El Consistorio quiere que el nuevo modelo, ya impulsado en otros países europeos, se pueda desplegar en toda la ciudad a partir de 2019, una vez comprobada la idoneidad de los cambios y la funcionalidad en un marco de atención real, después de una evaluación que se hará con la colaboración de expertos externos.

Este cambio de modelo implicará que las jornadas laborales se alarguen, y así se combatirá la precariedad, y también reducirá los desplazamientos de los trabajadores y se mejorarán los horarios y sus condiciones, ya que con el anterior modelo iban de domicilio en domicilio sin un lugar donde descansar o encontrarse, y con este nuevo ordenamiento tendrán espacios en los que reunirse.

El servicio cuenta con unos 4.000 trabajadores, de los que el 91% son mujeres, el 39% tienen un contrato temporal, el 71% trabajan a tiempo parcial y con un sueldo bajo, condiciones que el ejecutivo municipal considera que pueden cambiar con la implantación del nuevo modelo.

Ortiz ha explicado que el SAD atiende a lo largo del año a unas 20.000 personas, que son usuarias durante una media de seis años y de las que un 74% son mujeres, el 77% tienen más de 75 años y el 47% más de 85, mientras que un 75% tienen reconocido o en trámite algún grado de dependencia.

Cuando le han preguntado por si finalmente descartan municipalizar este servicio, como proponía BComú en campaña, Ortiz ha recordado que el gobierno de Ada Colau ha encargado informes sobre el asunto, pero que su objetivo es ganar control público y proximidad, algo que también se conseguirá con este nuevo modelo.