Siete años después de que la jueza Mercedes Alaya comenzara la instrucción del caso de los ERE falsos de la Junta, en enero de 2011, y casi nueve después de que se destapara la trama, cuando el PP denunció el cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, arranca en Sevilla este miércoles el primer juicio de esta macrocausa, el relativo a la pieza política del caso. Se sentarán en el banquillo de los acusados 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 20minutos le da las claves para seguir el proceso.

¿Qué se juzga en esta pieza?

La creación por parte de altos cargos de la Junta de un "procedimiento específico" para eludir los controles de fiscalización previos de la Intervención General de la Junta en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2011. Esto supuso, según el juez, un desembolso "arbitrario y discrecional" de 855 millones de euros. La Fiscalía ha cifrado el fraude en 741 millones, mientras que la propia Junta ha reclamado el reintegro de 135,3 millones de euros tras la revisión de oficio de las subvenciones concedidas de forma irregular.

¿Qué consecuencias tuvo este supuesto procedimiento?

La presunta creación de este sistema dio lugar a que la Consejería de Empleo, a través de la Agencia IDEA, concediera cientos de ayudas a numerosas empresas, subvenciones que ahora se investigan de manera separada en otras piezas de la macrocausa diferente a la política, donde solo se juzga a los responsables de la Junta. La Dirección General de Trabajo fue el organismo encargado de aprobar las ayudas. Su ex director general Francisco Javier Guerrero es uno de los principales investigados.

¿Dónde fue a parar el dinero?

Una parte importante de las ayudas se concedió a empresas de la Sierra Norte de Sevilla vinculadas a exconcejales socialistas; con el dinero también se pagaron prejubilaciones incluso de personas, ahora investigadas, que ni siquiera habían trabajado nunca en las empresas que recibían el dinero (los llamados intrusos); Guerrero firmó también ayudas para su exchófer, que confesó que el dinero se lo gastaron los dos en la compra de cocaína; entre los implicados destacan también el exfutbolista Pizo Gómez, por su relación con una empresa que recibió una ayuda; exsindicalistas; el obispo emérito de Cádiz; y hasta una monja.

¿Quiénes se sientan ahora en el banquillo de los acusados?

En la pieza política del caso que ahora se juzga, además de los expresidentes Chaves y Griñán, hay procesados seis exconsejeros de la Junta (José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez); tres exviceconsejeros (Agustín Barberá, José María Rodríguez y José Salgueiro), dos ex directores generales de Trabajo (Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez); tres ex secretarios generales técnicos de Empleo (Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado); dos ex directores generales de la agencia IDEA (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete); un ex interventor general de la Junta (Manuel Gómez); un ex director general de Presupuestos (Antonio Vicente Lozano); un ex secretario general de Hacienda (Antonio Estepa Giménez);  un ex jefe del gabinete jurídico de la Junta (Francisco del Río).

¿Qué penas pide la Fiscalía Anticorrupción para los expresidentes?

El Ministerio Público ha solicitado una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación. Para Manuel Chaves pide diez años de inhabilitación por prevaricación.

¿Y para los exconsejeros?

Anticorrupción ha solicitado ocho años de prisión para los exconsejeros Viera, Fernández y Vallejo; seis años para la exconsejera Martínez Aguayo; y diez de inhabilitación para Zarrías y Álvarez.

¿Qué solicitan el resto de las partes?

La Junta de Andalucía ha pedido el archivo de esta pieza política al considerar que no hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención. Por su parte, el PP-A solicita dos años de prisión y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para Griñán, sumando el delito de asociación ilícita.

¿Cuál será el calendario del juicio?

El proceso arranca el 13 de diciembre con las cuestiones previas, que se prolongarán los días 14 y 15. El juicio se retomará el 9 de enero con la declaración de los acusados. A partir de este día, habrá sesiones los lunes y martes por la mañana, a partir de las 10.00 horas, y los miércoles por la mañana y por la tarde, aunque se podrá habilitar alguna sesión más en caso de ser necesario. Fuentes judiciales han asegurado que el proceso sufrirá retrasos "irrecuperables" ya que dos de las magistradas del tribunal tendrían que haber sido liberadas para dedicarse en exclusividad al caso un mes o mes y medio antes del inicio del juicio, pero el Ministerio de Justicia no lo ha aprobado hasta ahora, por lo que su liberación se va a producir solo un día antes del inicio del proceso.

¿Quién los juzgará?

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, según un sorteo realizado el pasado febrero entre las secciones Primera, Tercera y Cuarta. Inicialmente, el ponente del tribunal iba a ser el magistrado Pedro Izquierdo, que a su vez fue un alto cargo del Gobierno andaluz entre los años 2008 y 2014, como secretario general para la Justicia de Andalucía. El PP-A y Manos Limpias recusaron al juez, que por su parte se negó a abstenerse como ponente. La Audiencia aceptó las recusaciones y apartó a Izquierdo por "apariencia de parcialidad".

¿Qué han declarado los expresidentes?

Tanto en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo como ante el juez instructor, ambos defendieron su inocencia. Chaves, que asegura que encara el juicio "con mucha tranquilidad", aseguró que "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal". Por su parte, Griñán, que también ha asegurado estar "muy tranquilo" ante el inicio del proceso, manifestó en sus declaraciones judiciales que "no hubo un gran plan para defraudar, pero sí hubo un gran fraude", lo que significa que "alguno de los controles pudo fallar".

¿Qué ha dicho Susana Díaz?

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido desde el principio la "honradez y honestidad" de los dos expresidentes andaluces. Asegura que, "con todo el respeto a la Justicia", considera que ambos ya asumieron su responsabilidad política cuando abandonaron sus escaños. E insiste en que "a ninguno se le ha acusado de beneficiarse personalmente". Pese a todo, siempre ha insistido en que la Justicia actúe "lo antes posible" y que los responsables "paguen y lo hagan bien".