El recurso de inconstitucionalidad que los diputados de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea formalizarán este lunes contra la aplicación del 155 demuestra que la formación morada ha decidido olvidar ahora el coste electoral que esto puede suponerles en el resto de España arriesgando todo a Cataluña.

"La gente ahora no está votando en España, no se hace política mirando a las encuestas, se hace mirando a la gente y a sus preocupaciones y demandas. La gente ahora está preocupada por una solución, y nosotros vamos a defender siempre que sea democrática", señalan desde la dirección de Podemos.

El recurso lo pilota En Comù Podem, la formación del candidato de 'los comunes' a la Generalitat, Xavier Domènech, pero entre las firmas necesarias —se requieren 50 para poder presentarlo ante el Tribunal Constitucional (TC)— están las de los diputados de Podemos, de Izquierda Unida y de En Marea.

Recurrir el 155, como le pedían desde hace semanas el PDeCAT y ERC, que no tienen los diputados suficientes para hacerlo, le va a costar a Podemos que vuelvan a señalarles como muleta de los independentistas, lo que puede alimentar otra nueva fuga de votos de la formación morada en el resto de España.

Como precaución, Unidos Podemos y sus confluencias van a presentar el recurso en solitario, sin dejar que se sumen ERC y PDeCAT, a quienes consideran "corresponsables" de la crisis catalana.

Eso no les garantiza que su estrategia vaya a ser bien entendida porque, aunque vayan solos, al final hacen lo que pedían los separatistas.

La presentación del recurso era una carta que se guardaba En Comù Podem para dar el pistoletazo de salida a su campaña electoral para los comicios del 21D, pero ha perdido todo el 'factor sorpresa' después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se adelantara el jueves al anunciar la iniciativa en los pasillos del Congreso.

Un anuncio que pilló a contrapié a 'los comunes', que dejaron entrever su malestar por no haber podido reservar a Domènech el protagonismo, y que causó también incomodidad en el PDeCAT, que hasta el último minuto pensaba que podría sumarse.

Según Domènech, llevan semanas trabajando con expertos constitucionalistas para evitar que el TC desestime su recurso y para armarlo con fundamentos que obliguen al alto tribunal a pronunciarse sobre el 155 e interpretar qué medidas y cuáles no puede aprobar el Gobierno en aplicación de ese artículo.

Lo que alegan 'los comunes' es que el Gobierno se ha extralimitado en sus funciones porque el 155 no permite disolver un Parlamento o convocar elecciones.

De forma inmediata, la impugnación de Unidos Podemos no paralizará las medidas adoptadas, porque un recurso de un partido no supone la suspensión cautelar automática, algo que sólo se produce cuando una norma es recurrida por el Gobierno, que cuenta con esa prerrogativa constitucional.

Pero hay otras dudas en el aire. La ley orgánica del TC marca como susceptibles de recurso de inconstitucionalidad a los estatutos de autonomía y leyes orgánicas, las leyes ordinarias y actos del Estado con fuerza de ley, los tratados internacionales, los reglamentos del Congreso y el Senado, las normas con fuerza de ley de las comunidades autónomas y los reglamentos de las asambleas legislativas autonómicas.

En Comù Podem no ha concretado cuál es el "acto con fuerza de ley" que va a impugnar ante el Constitucional.

Lo que sí ha reconocido Domènech es que han tenido alguna dificultad para encajar los argumentos, ya que muchas de las medidas adoptadas en función del 155 —el cese del Govern o la convocatoria de elecciones y la disolución del Parlament— se han aprobado a través de reales decretos, lo que obligaría a recurrirlas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Por eso, existe la posibilidad de que lo que recurran sea el acuerdo del Senado que autorizó al Gobierno a aplicar el 155 en Cataluña, y tampoco en ese caso está clara la decisión del Constitucional.

Los recurrentes entienden que el 155 debe ser considerado como un recurso extremo. La Constitución contempla el uso de ese artículo de forma excepcional ante situaciones extremas donde una comunidad autónoma incumple las obligaciones que le impone la Carta Magna o las leyes.

Sólo hay, además, un caso que podría servir de precedente, y se remonta a 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, autorizado por el Congreso, decretó el estado de alarma para militarizar el espacio aéreo durante una huelga de controladores.

Una decisión que fue avalada primero por el Tribunal Supremo y, después, en 2016 tras el recurso del sindicato de controladores, por el Tribunal Constitucional, que argumentó que "la excepcionalidad de la medida guardaba una razonable proporcionalidad con los importantes problemas que pretendía conjurar". Es decir, consideró que la Constitución atribuye al Gobierno la facultad de adoptar ese tipo de medidas.

Ahora el alto tribunal podría dejar más clara la utilización del 155, pero, eso sí, para ello primero tendría que admitir el recurso.