En una providencia fechada el 1 de diciembre y hecha pública este lunes, el juez acuerda que la Guardia Civil, en coordinación con el Gobierno de Aragón, ejecute el plan de seguridad preciso para llevar "a buen fin" esta decisión, "proporcionando seguridad al personal encargado de la retirada de los bienes y de su traslado", así como para hacer cumplir lo acordado, autorizando para ello "toda intervención" para llevarlo a cabo.

El juez señala que se exige la colaboración y el auxilio de la Policía Nacional, la Guardia Urbana de Lérida y los Mossos d'Esquadra "si fuere necesario", en cumplimiento de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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