La Policía Nacional ha hallado archivos sobre seguimientos a dirigentes del PP en los documentos que los Mossos d'Esquadra pretendían quemar en una incineradora la víspera de la votación de la declaración de independencia y de la posterior destitución del Govern.

Según ha informado El Confidencial y han confirmado a Efe fuentes de la investigación, algunos de los documentos, que fueron intervenidos el 26 de octubre por la Policía Nacional por orden de la Audiencia Nacional, vincularían a los Mossos en operativos de vigilancia a dirigentes populares en Cataluña.

También se han encontrado archivos relacionados con la extinta agencia de detectives Método 3, que elaboró centenares de informes sobre los principales personajes de la vida política, económica y social de Cataluña a petición de sus clientes.

Entre el material intervenido figuran además documentos que relacionan a mandos y agentes de la Policía catalana para proteger el referéndum del 1-O, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les ordenó impedir la votación.

La Policía Nacional está analizando el contenido de las cajas llenas de documentos para trasladar sus conclusiones a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que mantiene imputado a Josep Lluís Trapero, destituido como jefe de los Mossos el pasado 28 de octubre.

Los Mossos enviaron a primera hora del 26 de octubre una furgoneta y dos patrullas a la planta de tratamiento y selección de residuos Tersa de Sant Adrià de Besòs, en Barcelona, para quemar varios documentos con información sensible, aunque no lo pudieron hacer porque cuando llegaron se encontraron a una veintena de agentes de la Policía Nacional bloqueando el acceso.

Los agentes impidieron el paso a los Mossos, interceptaron la furgoneta y exigieron a la Policía catalana que les entregara la documentación que llevaban a la incineradora.

Los Mossos se negaron en un primer momento a entregar la documentación y pidieron a la Policía Nacional que les mostrara una orden judicial para intervenir estos archivos. Los agentes no disponían de esta orden, por lo que pidieron a la jueza Lamela que les autorizara a intervenir los documentos para poderlos analizar.

Tras más de tres horas de espera de ambos cuerpos policiales frente a la incineradora, la magistrada autorizó a la Policía Nacional a requisar esta documentación y a trasladarla a Jefatura para analizarla.

Los Mossos d'Esquadra negaron aquel día que los informes que iban a quemar estuvieran vinculados con el 1-O y alegaron que es una práctica habitual y ordinaria que se acuda a incineradoras a quemar este tipo de archivos, o que se utilicen trituradoras para destruirlos, ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para atender a la protección de datos.

Según los Mossos, los documentos en papel que se llevaban a destruir pertenecían a la Comisaría General de Información y, en concreto, figuraban archivos con datos administrativos de la oficina de apoyo a esta comisaría, relativos a permisos, vacaciones y bajas, así como sobre operativos y diligencias policiales y documentación diversa.