Un juez ha pedido al Gobierno qué agentes actuaron y cómo actuaron en los colegios del 1-O en Girona, en Sant Julià de Ramis y en Aiguaviva, tras recibir 200 denuncias y una querella, y el juez ha recibido al menos un informe de la Dirección General de la Policía, según el cual hubo en centros de la provincia una actitud "hostil y de hostigamiento" de los concentrados y planificación.

El Juzgado de Instrucción 2 de Girona ha pedido estos informes al Ministerio del Interior tras admitir como acusación popular a los ayuntamientos de estos municipios, que presentaron una querella colectiva por cargas policiales de Policía Nacional y Guardia Civil, han informado a Europa Press fuentes de los letrados que representan a los consistorios.

El juzgado ha abierto un total de diez diligencias previas -una por cada colegio en esos municipios- tras recibir unas 200 denuncias de afectados por dicha actuación.

El informe de la Dirección General, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que la Policía constató en 21 locales de la provincia una "vigilancia de Mossos d'Esquadra exigua", con dos agentes por colegio de media.

La Policía tuvo que replantear su planificación inicial al ver que la función que había sido encomendada a los Mossos d'Esquadra por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de impedir la votación "no se llevó a efecto".

En algunos colegios -prosigue textualmente el informe- encontraron actitud hostil y de hostigamiento por parte de personas concentradas, y tuvieron "la impresión de que la actitud de los congregados no es algo espontáneo, sino que responde a una planificación previa, con distribución de tareas entre ellos".

Hubo un "efecto llamada a través de móviles y mensajes, de tal manera que la multitud congregada cada vez es mayor, añadiéndose un plus de retraso y peligrosidad" a la actuación policial.

En concreto, en el Institut Josep Dalmau Carles, según el informe, los agentes se encontraron con 350 personas y un vehículo de Mossos "que no interviene", y un grupo de individuos hizo resistencia activa impidiendo la entrada de los policías, que tuvieron que levantar uno por uno a los que obstaculizaban la entrada.

Finalmente accedieron al colegio y requisaron urnas, papeletas y documentación del censo con números de DNI y listado de votantes, y se detuvo a un menor por un delito de atentado a un agente de la autoridad al darle patadas y puñetazos.

QUERELLA

Según explicó uno de los abogados impulsores de la querella de los consistorios, Albert Carreras (Col·lectiu d'Advocats Voluntaris pel Dret de Defensa), la querella se presentó al considerar que la actuación policial tuvo "la voluntad de castigar a la ciudadanía comprometida con el derecho a voto".

La querella contempla que, en una operación premeditada y unitaria, bajo criterios de actuación homogénea, se ordenaron y llevaron a cabo "violentas, desproporcionadas e injustificadas cargas policiales contra ciudadanos congregados pacíficamente" ante edificios públicos.

Con ello, se vulneró su derecho fundamental de reunión y se les produjeron lesiones, muchas de gravedad y vejaciones, afirman.

Según los impulsores de esta querella -que aglutina todos los hechos del 1 de octubre en estos municipios en torno al referéndum-, estos hechos pueden ser un delito contra los derechos individuales del artículo 540 del Código Penal, un delito de torturas del artículo 174 y de lesiones, muchas agravadas por uso de instrumento peligroso.