"Claro que eran conceptos falsos porque nunca se habían dado esos servicios", ha dicho Guerrero, quien ha añadido que los que "llevaban la voz cantante" en la ejecución del presunto fraude era la propia González y el también empresario, Joaquín Conde, a quien, según ha remarcado a preguntas del fiscal, le hizo "entrega en efectivo" de 179.572 euros procedentes de esa supuesta facturación ficticia. "Teresa González autorizaba y Joaquín Conde, cobraba", ha subrayado.

Para respaldar su afirmación, ha hecho alusión a cinco "estadillos" que figuran en la causa y en los que aparecerían las firmas de Conde, quien según el fiscal se habría apropiado casi 600.000 euros de dinero público, certificando haber recibido dichos pagos. "Esas firmas son de Joaquín Conde, sí señor, por supuesto. Era lo mínimo que le podía pedir, que me firmara que le había hecho entrega del dinero", ha asegurado para apuntillar que el propietario de Publifiestas Conde "sabía cuando se nos iban a hacer las transferencias desde el Patronato" correspondientes a esas facturas y "nos llamaba para cobrar" si bien no ha sabido detallar "qué hacía" posteriormente con el dinero el empresario. Conde, por su parte, ha negado la autoría de las citadas firmas alegando "que están en colorines y yo siempre firmo con un boli de color azul".

El administrador de la agencia de viajes, quien se enfrenta junto a su socio penas de siete años de cárcel, ha precisado que las indicaciones por parte de la exsecretaria del Patronato las recibía bien "mediante anotaciones manuscritas", que se encontraron adjuntas a los expedientes en el registro "sorpresivo" que realizó la Policía Nacional en la sede de Leitour, o bien "por teléfono". Ha admitido, en esta línea, que ella "decía el lugar del viaje y la fecha, y yo, a veces, me inventaba los nombres". Cabe recordar que la instrucción reveló el uso de hasta 63 personas inexistentes.

Guerrero, cuyo interrogatorio no ha concluido y continuará este viernes aún a preguntas del fiscal, ha fijado el inicio de esta práctica ilegal en una reunión en la sede de Leitour Viajes a la que asistieron González, Conde, y Juan Antonio Bisbal, quien entonces era asesor del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, con el objetivo inicial de "arreglar" supuestamente el pago de la deuda de "30.000 euros" que mantenía Unicaja Voley con la agencia.

"Teresa González nos dijo que la forma para cobrar era hacer una serie de facturas con conceptos no reales -viajes- y que con ese método se iban a compensar también las deudas de Conde. Al principio se nos dijo que teníamos que facturar unos 90.000 euros pero, posteriormente, la cifra fue subiendo", ha explicado. Al tiempo, ha añadido que la exsecretaria también les habría dicho: "Los servicios que os pidan Bisbal y Conde se los prestáis con cargo al Patronato".

Al hilo de esto, ha indicado que los viajes contratados por la Peña Regiones, vinculada a Conde, también se hicieron "con cargo al Patronato" pese a que el propio Conde ha declarado con anterioridad que esos "viajes los pagaban los padres de los niños" para insinuar después que podría haberse producido "una doble facturación" por parte de la agencia Leitour de la que se ha desvinculado.

Guerrero ha admitido también, en una letanía en la que se repetía de forma constante "pago el Patronato" o "con cargo al Patronato" viajes "de carácter personal y para sus allegados" de algunos de los acusados por importe de 41.116,87 euros. Así, entre ellos ha citado a la exsecretaria, a Joaquín Conde y a Juan Antonio Bisbal.

Sobre el exvicepresidente de la Diputación Provincial, el socialista Luis Pérez Montoya, también enjuiciado, ha reconocido que acudió a la sede de su empresa "una vez empezó a salir en prensa nuestro nombre e iban in crescendo las acusaciones" por mediación de González "que llegó a ir a nuestra casa en dos ocasiones para tranquilizarnos".

"Luis Pérez nos dijo que era un pataleta a nivel político y que iba a hablar con el secretario general de su partido para

que rebajase el tono de sus declaraciones", ha dicho para subrayar, a continuación, que "no me preguntó, tras lo publicado, si las facturas eran falsas y yo no se lo dije". "Entiendo ahora que fue porque él desconocía el tema de las facturas falsas porque no las citó en ningún momento", ha apostillado.

FACTURACIÓN FICTICIA "SI QUERÍAMOS COBRAR"

Previamente ha prestado declaración el administrador de Publifiestas Conde, para quien el fiscal pide siete años y seis meses de prisión, quien ha asegurado que proveyó o sirvió "todos" los servicios y "materiales" que facturó al Patronato si bien no ha podido aportar albaranes que certificasen esas entregas porque "teníamos confianza mutua y nos fiábamos de nuestra palabra". Ha reconocido, no obstante, dos facturas inventadas por importe de unos 20.000 euros cada una para stands de dos ferias a las que el órgano no acudió.

"Me debían -desde el Patronato- por servicios encargados y prestados y me dijeron que sí quería cobrarlos, tenía que hacerlo de esa manera", ha dicho para señalar hacía "Luis Pérez y los gerentes" que pasaron por el órgano en lo que, tras la advertencias del fiscal, ha llamado "una matización" con respecto a su declaración en instrucción, en la que apuntó sin embargo a González como la persona que se lo dijo. "Me confundí", ha trasladado.

El Ministerio Público destaca en su escrito de acusación de 38 páginas el papel jugado por Joaquín Conde ya que estima que confeccionó 24 facturas simuladas por un importe total de 233.536, 28 euros entre noviembre de 2008 y junio de 2011 que fueron conformadas bien por Pérez Montoya, bien por González Rivera. Apunta, además, que el primero aprobó supuestamente 15 expedientes de contratación menor y gasto para bienes que "no iban a ser entregados al Patronato o que lo iban a ser en una cantidad y valor muy inferior al reflejado en los expedientes" a favor de la empresa de Conde.

Por otro lado, indica que Francisco Javier Guerrero y su socio Arístides Javier Martos habrían confeccionado 107 facturas por 411.525,24 euros. De esta cuantía, sólo 49.065,02 euros fueron servicios reales mientras que el resto eran viajes "a nombres de personas simuladas que tampoco se habían efectuado". Estima, además, que "otra parte" de la facturación simulada "encubría auténticos viajes" gestionados por la agencia pero a título particular por los dos cargos públicos, el empresario y el militante socialista "u otras personas a quienes ellos invitaban para disfrute personal de los acusados o de allegados". El importe de estos viajes lo cuantifica el Ministerio Público en 41.116,87 euros.