Durante la jornada, celebrada en Bruselas, se dieron a conocer las cinco recomendaciones planteadas en el marco de este proyecto, en el que participa la Comunidad a través del Instituto de Fomento y con el que se pretende desarrollar modelos de financiación que incentiven a las administraciones regionales y locales a invertir en proyectos que reduzcan el consumo energético y, por tanto, contribuyan al ahorro y eviten las emisiones de gases contaminantes.

Una de estas recomendaciones hace referencia a la creación de una ventanilla única para potenciar la coordinación y ayudar a las administraciones a financiar medidas y acciones que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

En el caso de la Región, esta herramienta se encargaría de coordinar la estrategia regional de rehabilitación energética de los edificios propiedad de la Administración regional y sería gestionada por la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.

Así, este plan permitirá la rehabilitación de cerca de 400 edificios propiedad de la Administración regional, con lo que se prevé pasar de los 27 millones de euros de gasto y los 82 GWh de consumo actuales a un gasto de 20,8 millones de euros anuales y un consumo de 63 GWh.

Estas medidas supondrían, por tanto, un ahorro de más de seis millones de euros cada año y evitarían la emisión de 16.000 toneladas de CO2 anuales. El Gobierno regional ya ha puesto en marcha la primera fase de este plan, que comenzará por acometer la mejora de 23 edificios de la Administración con el objetivo de reducir un 23 por ciento su consumo energético, lo que permitirá a su vez un ahorro anual de 675.000 euros en la factura energética de la Comunidad.

La directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín, explicó que estas iniciativas se integran en el modelo de economía circular al que debe tender la Región en el futuro.

"Tenemos que avanzar hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en el que se apueste por la innovación y por un uso eficiente de los recursos como vías para incrementar nuestra competitividad y generar nuevos empleos", afirmó.

"Iniciativas como el programa 'Citynvest' nos sitúan a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático en Europa, ya que nuestra experiencia y recomendaciones se trasladarán en una segunda fase a otros diez países de la Unión Europea y, posteriormente, al resto de países miembros", añadió Marín.

En este sentido, el programa 'Citynvest' plantea otras cuatro recomendaciones alcanzadas por las tres regiones participantes: Murcia; Ródope, en Rumanía; y Lieja, en Bélgica. Una de ellas es potenciar la difusión de información sobre los diversos programas y proyectos de eficiencia energética que existen a nivel europeo con el objetivo de hacer un mejor uso de los fondos, así como hacer un mayor esfuerzo para adaptar los mecanismos de ayuda actuales a las necesidades de las corporaciones locales.

EL PACTO DE LOS ALCALDES Y EL PROYECTO ELENA-FUENSANTA

La cuarta de estas recomendaciones sería la necesidad de crear un entorno favorable para modelos financieros innovadores y orientados a la ciudadanía, para lo que se subraya la importancia de reforzar la colaboración entre los ayuntamientos y las cooperativas de energía renovable. La última de estas conclusiones se centra en el compromiso con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y en las ventajas que supone elaborar planes a largo plazo para alcanzar dichos objetivos.

En este sentido, durante la jornada se destacó igualmente la experiencia y el compromiso de la Región de Murcia para alcanzar estos objetivos a través de dos herramientas en los que el Info actúa como coordinador.

La primera de ellas es el Pacto de los Alcaldes, una iniciativa en la que se han integrado los 45 ayuntamientos de la Región y que está permitiendo la elaboración de Planes de Acción para la Energía Sostenible en los municipios.

La segunda hace referencia a la participación de la Región en el proyecto europeo ELENA-Fuensanta (European Local Energy Assistance), que ha permitido la movilización por parte de los ayuntamientos de más de 33 millones de euros para poner en marcha medidas de eficiencia energética.