En pisos del Ivima, pero sin contrato, agua ni luz. En la región hay tres barrios –Orcasitas, San Blas y El Silo (Navalcarnero)– donde los vecinos conviven con okupas en bloques de pisos de protección oficial. Los adjudicatarios afectados son más de 200.

Empieza siempre igual: la Comunidad lanza una promoción de casas que son tomadas por familias sin recursos. Los años pasan, los avisos de desalojo se suceden y la situación se mantiene, tanto para los inquilinos como para los okupas.

"Entramos en la casa porque no teníamos dónde caernos muertos".

En la calle Simca, en Orcasitas, varias de estas familias entraron en los que hoy son sus pisos echando la puerta abajo aprovechando que estaban vacíos. Al no tener contrato, no pueden requerir servicios de luz ni de agua, por lo que los enganchan de los de la comunidad de vecinos. "Los gastos comunitarios se incrementan y las deudas aparecen. Esta semana se debían 1.200 euros a la compañía eléctrica, y nos dejaron sin televisión ni ascensor", afirma una vecina.

Javier, de 23 años, y Esther, de 22, forman una de estas familias okupas. Tienen 2 niños, de 5 meses y 4 años. Ambos se dedican a la venta ambulante: "Entramos en la casa porque no teníamos dónde caernos muertos", asegura Esther.

Dispuestos a pagar

"Dijimos al Ivima que estábamos dispuestos a pagar por el piso y por la luz", explica Javier, "pero no nos hicieron caso", afirma. Hace tres meses fueron desalojados por la Policía, y "a las dos semanas volvimos. El piso aún seguía vacío, y nos metimos dentro", comenta Esther.

En Navalcarnero, en el barrio de El Silo, la situación es similar, con seis viviendas ocupadas. Los vecinos realizaron el pasado lunes una movilización de denuncia. En San Blas, 16 familias habitan en un edificio de protección oficial pendiente de demolición.

"Tolerancia cero" a la ‘okupación’

En el Ivima aseguran tener "tolerancia cero" hacia la okupación de sus viviendas, aunque reconocen que, en este tipo de casos, "tenemos las manos atadas". "El Ivima no puede entrar en una vivienda, echar la puerta abajo y desalojar a una familia okupa", explican. "Hace falta una resolución judicial, y eso lleva su tiempo".

El último caso, en Navalcarnero, se ha dado un plazo de diez días a las familias para que abandonen las viviendas. En 2007 llevaron a cabo 87 desahucios.