D. L., de 58 años, y P. P., de 59, ya pueden hablar de lo que supone la crisis del sector de la construcción. Ellos forman parte de las 140 personas que en 2007 ganaron una vivienda de protección oficial en alquiler en un concurso promovido por el Ivima en La Ventilla. Ahora han visto cómo se derrumban sus sueños por la quiebra de la constructora, debido a "la delicada situación del sector de la construcción", según la carta que les envió la Comunidad.

Ni siquiera el Ivima sabe cuándo podrá entregarles las casas, pues la empresa constructora, Seop Obras y Proyectos, S L, ha reconocido su "falta de liquidez", lo que retrasará indefinidamente la entrega de los pisos, aún sin rematar. "Estamos estudiando comprar el derecho de superficie para cedérselo a otra empresa que termine las casas, pero el plazo no depende de nosotros", explican desde el Ivima.

Un cascarón vacío 

"Esto se lleva muy mal", dice P. desconsolada. Y no es para menos. El propietario de la casa en la que vive, un alquiler heredado de su madre, le ha anunciado que a partir de agosto pasarán de pagar 600 euros al mes a 900, una cifra que sus resentidos bolsillos no pueden asumir.

"Es que mi marido trabaja de jardinero y sólo ingresa 1.190 euros y yo, que cuido ancianas, apenas 350", dice. El piso nuevo, el que iba a aliviar su carga, tiene 60 m2 y el alquiler, con opción a compra, es de 300 euros. Pero de momento es un cascarón vacío.