En un estado de "profunda desesperación" y también de "soledad" es como se encuentran las familias que tienen algún miembro con dislexia. Y es que esta patología no está concebida como una enfermedad; se la considera como "trastorno del aprendizaje". Por este motivo, los disléxicos disponen de escasas ayudas públicas.

La Seguridad Social incluye servicios como los del logopeda o el psicólogo, pero a ellos no les entra porque "no son considerados enfermos". De esta forma, los padres de los niños que sufren dislexia primero deben abonar entre los 400 y los 600 euros que puede costar el diagnóstico y que se puede realizar en hospitales como el de Sant Joan de Déu.

Después, deben costear los servicios particulares de logopedia, neurología y psicología que pueda necesitar la criatura, entre 30 y 50 euros dos veces por semana (unos 400 euros mensuales). Este es el caso de Carlos. Su hija Natàlia, que ahora tiene 11 años, sufre dislexia. Su mujer y él están pagando todas las atenciones médicas que precisa la niña.

Carlos apunta: "Según a qué edades, si los niños tienen un problema en la pronunciación de una letra, se puede recurrir al logopeda de la Seguridad Social para que lo corrija. Este niño, sepa pronunciar bien o no una letra, saldrá adelante. Para una persona disléxica, es de capital importancia saber leer, pero a ellos no les entra este servicio". Carlos lamenta que, con la crisis, "hay mucha gente que no dispone de este dinero extra".

Una de las grandes luchas de la presidenta de la Associació Catalana de Dislèxia, Neus Buisán, es conseguir una mejor consideración de los disléxicos. Buisán considera que "los trastornos se controlan muy mal en este país. Hay un déficit de atención. Como mínimo, el tratamiento logopédico, a nivel de diagnóstico, debería estar incluido, como mínimo, en los centros de referencia".