Se habla de guerra entre el sector del taxi y las empresas Uber y Cabify. Es un término nada exagerado a la vista de las reacciones que hemos podido comprobar, incluso, en nuestras calles. Como sucede en todo conflicto, la valoración se puede hacer asumiendo o bien la de las partes en conflicto o bien las ajenas al mismo. Esta última es la más importante. Se trata de un servicio al público. Es el público el que manda.

Desde la perspectiva de los usuarios, queremos un servicio mejor y más barato. Hay que reconocer que la irrupción de las nuevas empresas ha revolucionado el sector del taxi. Todos recordamos los abusos que hemos sufrido. El éxito de los nuevos entrantes radica, esencialmente, en que ofrecen un mejor servicio. Aquí entra una segunda variable: la competencia. Si hay una prestación de servicios equivalente, similar o idéntica a los que prestan los taxis, para que haya una competencia que sea tal, todos los que compiten deberán someterse a unas reglas comunes. No habrá competencia, en cambio, si las reglas son distintas. La tercera variable es, precisamente, la más espinosa: las reglas. En el fondo la guerra entre el taxi y los nuevos entrantes lo es a favor y en contra de unas reglas que hacen imposible la competencia. Las reglas que regulan la prestación del servicio de transporte que estamos comentando son contrarias al mercado. Han creado un monopolio legal en manos de los Ayuntamientos. El legislador no ha pensado en cómo garantizar que la prestación sea la mejor para los clientes. La regulación no tiene en cuenta el mercado y, por consiguiente, la competencia. Se han creado mercados legales, restringidos a aquellos que han obtenido la licencia, con un numerus clausus, por lo tanto, sin libertad ni de entrada ni salida. A partir de esta restricción, todas las demás: precios regulados, servicios regulados, actividades reguladas…, todo para eliminar la competencia y justificar precios mayores y peores servicios.

Más que una guerra del sector del taxi contra Uber y Cabify, la que debería haber sería contra una regulación que impide la competencia entre iguales y sometidos a las mismas reglas. Los ciudadanos lo único que queremos es que se nos tenga en cuenta. Que sea un taxi, Uber, Cabify, es irrelevante. Que compitan para prestar el mejor servicio y al mejor precio. La regulación debe cambiar para pensar solo en el mercado, o sea, solo en el cliente.