El nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general del Estado; los recados y presiones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a los fiscales que investigan en Murcia presuntas corrupciones del PP; los ceses y nombramientos que se deciden estos días en fiscalías relevantes... Se puede decir más alto, pero más claro no: el Gobierno de Mariano Rajoy sujeta corto a la Fiscalía. A la alta y a la baja, a la grande y a la pequeña, a la general y a la que particularmente, como Gobierno o como PP, puede suponerle un factor de riesgo.

Vayámonos unos meses atrás. Rajoy ha logrado una nueva investidura como presidente del Gobierno y llega a la conclusión de que los muchos frentes judiciales de corrupción que tiene abiertos su partido, el PP, son uno de los principales factores de riesgo para su estabilidad política. ¡Más vale prevenir! Y previene: su ministro de Justicia, Catalá, que ya le había sugerido a la entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, que seguía en el cargo... cambia de opinión y apuesta por Maza, un hombre más cómodo que Madrigal e infinitamente más que Torres Dulce, el primer fiscal general de Rajoy y que saltó en 2014 por varios encontronazos con el Gobierno. Ya se sabía entonces que Maza tenía que tomar al menos dos decisiones relevantes: a quién ponía en la Fiscalía Anticorrupción y a quién en la de la Audiencia Nacional, los ámbitos donde el PP tiene más riesgos de casos de corrupción. Lo de Murcia ha venido de camino, y en la misma dirección. Y quizás haya más.