El debate no es nuevo. Hace cuatrocientos años, Luis de Góngora lo contaba en ocho versos y poco más de 140 caracteres.

Porque en una aldea

Un pobre mancebo

Hurtó solo un huevo

Al sol bambolea

Y otro se pasea

Con cien mil delitos

Cuando pitos flautas

Cuando flautas pitos.

La idea de que existe una justicia para los pobres, que por un huevo pueden terminar en la horca, y otra para los poderosos, que andan sueltos con cien mil delitos, no es un invento de anti-sistemas, podemitas o republicanos. Lo inquietante es que los versos de Góngora sigan estando de actualidad en una democracia consolidada.

Hace una semana me gané algunas críticas por defender el trabajo de los policías, los jueces y los fiscales en el Caso Nóos. Me parecía -y aún me parece- que la condena de Urdangarin, de su socio y de un ex presidente balear, ministro con Aznar, eran una muestra de que el estado Derecho funciona; no todos los días ni en todos los países se sienta en el banquillo una Infanta ni es condenado por corrupción el cuñado de un jefe de Estado. Sigo teniendo confianza en la Justicia, pero hoy me resultaría difícil defender la evolución del caso. Si la sentencia fue amable, las medidas cautelares rozan la benevolencia, reabren el debate gongorino sobre los dos raseros y aumentan -basta asomarse a las redes sociales- la desconfianza en el sistema. Seguro que se ajusta a Derecho, pero es difícil explicar a los ciudadanos por qué unos siguen en su casa, con el pasaporte en el bolsillo, y a otros (tonadilleras, titiriteros, raperos, tuiteros) los mandan a la cárcel sin contemplaciones.

No me preocupa el futuro penitenciario del señor Urdangarin y celebro tener una justicia garantista, pero me preocupa la salud de la democracia y el prestigio de las instituciones. Estas cosas no mejoran esa salud ni ese prestigio, crean alarma social y prolongan la exposición de la Jefatura del Estado a las críticas, fundadas o no, por trato privilegiado. Viendo el otro día a los Reyes inaugurar Arco, recordé que la primera edición fue en 1982 y desde la tercera, en 1984, siempre ha asistido algún miembro de la Familia Real. En los años 80 esa familia gozaba de máximo crédito, consolidado por la actuación de Juan Carlos en el 23-F. Al ver a los reyes actuales en la feria me dio la impresión de que se ven obligados a empezar todos los días desde cero. Ni lo tienen fácil ni la marcha de este caso ayuda. Primero, la absolución de la infanta. Ahora, esto. El fiscal Horrach pensaba pedir el ingreso en prisión de Urdangarin, como suelen hacer con condenas superiores a cinco años; tras evacuar consultas con sus superiores pidió la libertad bajo fianza, que las jueces convirtieron en libertad sin fianza y casi sin cautelas.

En las últimas horas hemos oído decir que los fiscales, a diferencia de los jueces, no son independientes. Aparte de que eso es discutible ¿Ha sido dependiente Horrach en su decisión? Si lo ha sido, ¿de quién? Si se suma ese asunto a la nefasta gestión política del Caso Murcia, los menosprecios del ministro de Justicia a las dos fiscales y la renovación de cargos posterior parece evidente: urge replantearse el estatus de los fiscales, su independencia y autonomía. La Constitución dice que el Fiscal General es nombrado por el rey a propuesta del gobierno y establece que la misión del ministerio fiscal es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Cuando se hizo esa Constitución el 80%  de los jueces eran los de la dictadura. Al dar perfil político a la fiscalía se trataba de dotar a la sociedad de un instrumento democrático para evitar injusticias, no de crear un instrumento al servicio del poder político de turno. Ya va siendo hora de recuperar el espíritu constitucional. Es deprimente pensar que, entre unas cosas y otras, dentro de cuatrocientos años sigan vigentes los versos de Góngora.