Hemos visto cosas que ni nosotros mismos podríamos creer. Hemos visto a un presidente español disolver el parlamento catalán, tomar el mando de la Generalitat y destituir al president y a sus consellers. Hemos visto a un expresident huyendo de la justicia y jugando a exiliado en Bruselas. Hemos visto a sus consejeros en la cárcel de Alcalá Meco y la de Estremera y a los miembros de la mesa del parlamento autonómico haciendo cola ante el juez. Antes hemos visto a ese parlamento proclamando la República Independiente de Cataluña y a ese gobierno desobedeciendo a las instituciones del Estado y usando fondos públicos en una actividad ilegal.

Hemos visto tantas cosas en tan poco tiempo que no sabemos por dónde empezar ni dónde terminarán. Si escuchamos la radio, la tele, las tertulias del bar y las de semáforo (cada vez nos parecemos más al Buenos Aires de los noventa, donde todos estaban todo el día arreglándolo todo por la calle y entre todos no eran capaces de arreglar nada de nada) llegaremos a una conclusión tontorrona pero indiscutible: la opinion está dividida, además de aturdida y asustada. La convocatoria de elecciones el 21 de diciembre (por una vez Rajoy no fue previsible y acertó) dio un respiro, pero tras el respiro han vuelto los jadeos.

Buena parte de esa opinión está convencida de que Rajoy tiene arrinconados a los independentistas y «se los va a pasar a todos por la quilla»; lo escuché, tal cual, a uno de los más documentados y solventes analistas de España. Quien ha sido de capaz de terminar con Aznar,  Zaplana o Esperanza Aguirre —argumentó— no tendrá problemas para despachar a unos recién llegados; tiene la ley de su parte, tiene la obligación de defenderla y cuenta con poderosos aliados, como los jueces o las grandes  empresas catalanas; de hecho, el aire empezó a cambiar cuando esas empresas empezaron a tocar la corneta y cambió del todo cuando entraron en acción jueces y fiscales.

En el otro lado están los que piensan que el problema puede enquistarse o incrementarse. La aplicación de la ley es una respuesta legítima del Estado pero no disuelve el batiburrillo político-emocional creado por el procés. La aplicación a saco del artículo 155 de la Constitución, la implicación del fiscal general y los encarcelamientos ordenados por la Audiencia Nacional, con sensibilidad diferente a la del Supremo, pueden lograr lo que no habían logrado cuatro siglos de historia: que la relación entre España y esa parte de España que es Cataluña se convierta en algo parecido a una relación colonial, cosa que encantará a los que presumen, sin razón, de estar colonizados. Quienes eligen esta vía argumental te hacen notar, además, el peso que en este asunto tienen grupos como Podemos, contrarios a la aplicación de la ley por unos actos que pueden ser delictivos, pero no dejan de ser actos políticos.

Entre unos y otros permitan que busque refugio en la equidistancia y haga un vaticinio también bastante tontorrón, pero irrebatible: el procés va para largo, la fiesta no ha hecho más que empezar. Por tanto, hay que tener temple y sin dejar apelar a la ley, que es el eje de la democracia, hay que apelar a otros elementos de la convivencia democrática como la negociación y el pacto. Aquí no puede haber vencedores y vencidos: o vencemos todos o perdemos todos. Este problema no se resuelve a la carta más alta. Pongamos que el 21-D los soberanistas o los constitucionalistas ganan por un escaño... ¿Quedará encarrilado por ensalmo?

De momento, los independentistas y sus compañeros de viaje están haciendo de la necesidad virtud y convirtiendo sus problemas con la justicia en actos electorales. Esta campaña no se va a disputar en mítines ni en debates de la tele. Se está disputando ya: en Barcelona, en Bruselas, en Madrid, en Alcalá de Henares, en Estremera. Si alguien piensa que puede ganar el partido o que lo tiene ganado, no le arriendo las ganancias.