La sentencia del caso Nóos ha ido por donde se esperaba: multa importante para la infanta Cristina y penas de cárcel para Iñaki Urdangarin. Se le podrán poner peros, y de hecho se los estamos poniendo, pero es una noticia histórica. No todos los días ni en todos los países se condena a 6 años y 3 meses de cárcel por corrupción a un cuñado del jefe del Estado y yerno del anterior. También hay penas de cárcel para su socio y para Jaume Matas, que fue presidente del Gobierno balear y ministro de Aznar. Lo suyo es felicitar a los funcionarios —policías, fiscales, jueces— que han hecho su trabajo y también a los medios de comunicación que han hecho el suyo. El Estado de derecho funciona. ¿Podría funcionar mejor? Puede ser, pero funciona. A pesar de las presiones, de las defensas numantinas y de los intentos de acallar a quien cobra un sueldo por hacer justicia o por contar lo que pasa, funciona.

Seguro que han tomado nota quienes andan todavía, a estas alturas, con ganas de meter mano en la caja. Y seguro que también toman nota quienes ante la aparición de una nueva sospecha se empeñan en quitarle importancia, en taparla, en negar la mayor o en matar al mensajero. Eso lo venimos viendo desde la prehistoria de la corrupción, los lejanos tiempos de Juan Guerra, Naseiro y Filesa. También venimos viendo que quienes defienden la separación de poderes como principio básico de la democracia desde el poder político intentan poner parapetos a la justicia. Hemos vuelto a verlo estos días, con lo de Murcia. Dos fiscales y un juez señalan a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la región, en una causa por corrupción. El fiscal general del Estado da órdenes de no imputarlo, en contra del criterio del juez y el de las dos fiscales que actuaron en el caso, que se niegan a firmar la resolución final. El fiscal general fundamenta esa resolución en informes de su secretaría técnica y de cuatro fiscales del Supremo, de cuya posición favorable dio primera noticia el propio señalado.

En medio del berenjenal se aparece el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y dice que Sánchez es inocente, que el Gobierno no ha dado ninguna instrucción a la Fiscalía, que este tipo de discrepancias y decisiones son cotidianas en una institución jerarquizada y que lo anómalo es que se divulguen. Su defensa de la decisión final deja malparadas a las "dos fiscales de categoría de base" cuyo criterio no ha sido sustentado por fiscales del Supremo y de la secretaria técnica, "personas con mucha relevancia y mucha categoría profesional". Concluye Catalá: "Quizá quien tiene el problema son las fiscales. Si el criterio de dos fiscales no es soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes. Yo me pongo más del lado de los jefes, qué quiere que le diga".

Pues qué quiere que le digamos nosotros, señor ministro. Si usted se pone del lado de los jefes igual los ciudadanos nos ponemos del lado de los soldados, de esas dos fiscales que le han dedicado muchos meses a ese asunto, lejos de los centros de decisión política. Le diremos también que la Fiscalía no es independiente, pero sí tiene que ser autónoma. Que aunque dependa jerárquicamente del poder político no es un instrumento de la política, sino, precisamente, de la justicia. Que igual va siendo hora de darle un repaso al estatuto del ministerio fiscal, para mejorar su autonomía y su eficacia.

Y una cosa más: que al cabo de tantos años de ver como los políticos intentan controlar la justicia o esquivar sus actuaciones, cuesta creer que esta vez se hayan quedado ustedes al margen. Escamados como estamos, con razón, ante la menor sombra de duda, solo estamos dispuestos a creer a quien salga diciendo: si hay la menor sospecha de irregularidad exigimos que se investigue hasta el final. Esa oportunidad en este caso la han perdido. De paso, han dado a lo de Murcia una relevancia que quizá no merecía.