La regulación del uso medicinal de los derivados del cannabis debe ser considerada urgente. Mientras España tiene los mejores equipos científicos, que asesoran a multitud de países sobre su uso medicinal, su aplicación y regulación en nuestro país está muy retrasada.

Los pacientes estamos sometidos a una tremenda inseguridad jurídica y sanitaria. Se está formando una gran bola de nieve: estamos medicándonos sin saber muy bien con qué, qué tipo de cannabis tomamos y a qué dosis. Necesitamos una prescripción médica y un seguimiento como los que se realizan con otro tipo de tratamientos. El enfermo no va a dejar de consumir cannabis y, aunque es bastante seguro, puede tener efectos secundarios y contraindicaciones que deben estar controlados.

También existe una gran inseguridad jurídica. Si el enfermo compra en el mercado negro o en los clubs cannábicos, va allí con taquicardia, cuando ningún otro acude nervioso a la farmacia. Si lo consigue mediante cultivo particular se enfrenta a problemas que no tendría por qué asumir. Por no hablar del coste económico que supone. Son medicamentos y, como tales, deberían estar financiados por la Seguridad Social. Su regulación repercutiría en la reducción del gasto farmacéutico y aumentaría la calidad de vida del paciente y de sus familias.