La escuela concertada como subsidiaria de la pública o como una oferta paralela. De estas dos posiciones, ideológicas ambas, se deriva su fomento o limitación. A quienes ven la concertada como una red paralela que tiene que ofertarse sí o sí les da igual que sea etapa obligatoria o no. Entienden que debe estar, por eso se sienten atacados cuando la Conselleria deja de concertar unidades de Bachillerato. Consideran que la Administración debe pagar una formación religiosa y moral distinta a la de los centros públicos y, si no lo hace, hablan de ataque a la libertad.

El actual Consell, por su parte, ve los conciertos como un servicio que paga allí donde no llega la pública. Es un cambio coherente con los programas electorales de los partidos que lo conforman y apoyan. La escenificación de ese giro político es ver protestar en la calle a la concertada contra los recortes, como hizo la pública años atrás. La pancarta ha cambiado de manos.

Se ha pasado del fomento de los centros concertados a su progresiva limitación. La contratación de 996 docentes auxiliares de conversación para los colegios públicos es otro ejemplo: la Generalitat dota de recursos a la pública porque entiende que es su deber y porque es su modelo. Ideología antes e ideología ahora. Y eso no es algo necesariamente malo.