Si algo nos ha enseñado la crisis económica mundial es hasta qué punto las malas prácticas económicas y empresariales pueden generar un grave perjuicio económico y social. Millones de personas perdieron sus puestos de trabajo, sus viviendas o sus ahorros como consecuencia de la ambición sin límites, las malas prácticas corporativas y la toma de riesgos excesivos de un grupo relativamente reducido de ejecutivos sin escrúpulos, políticos pusilánimes y accionistas despreocupados. La salida de la crisis no ha sido mucho mejor, por cuanto una parte importante de la recuperación no ha ido a parar a aquellos que más sufrieron sus consecuencias, sino que han servido para engrosar las arcas de la parte más rica de la población, incrementando de esta manera la desigualdad económica y social.

En España, el impacto de la crisis se ha visto además agravado con el afloramiento de más de una década de casos de corrupción que, sin ser sistemática, sí que debe caracterizarse como generalizada. Es algo más de un grupo de casos aislados, y, como ya se ha constatado hasta la saciedad, ha impactado muy perniciosamente en nuestra economía, conceptualizando lo que se conoce como el "capitalismo de amiguetes", este modelo económico en el que la competencia es falseada a través de contactos personales entre políticos y empresarios, una mala calidad institucional o la captura de los reguladores que deberían velar por la integridad de nuestros mercados.

Ante esta situación, se han multiplicado los esfuerzos por mejorar la calidad institucional de nuestro entorno, promoviendo iniciativas de buen gobierno y transparencia en el ámbito de lo público, mitigando las perniciosas colusiones existentes entre empresas demasiado ambiciosas y políticos demasiado permeables.

Pero en la ecuación de la integridad hay una variable que apenas ha experimentado transformaciones, y es el propio sector privado. Las demandas de buen gobierno, transparencia y responsabilidad social apenas ha llegado al sector empresarial, donde las iniciativas de responsabilidad social corporativa apenas han arañado su superficie.

Exigimos una mutación de las prácticas empresariales para orientarlas al beneficio común

Lo que hemos logrado como votantes, debemos repetirlo como consumidores y trabajadores: la transformación hacia un modelo político y económico más responsable e íntegro no será completa si no exigimos una mutación en profundidad de las prácticas empresariales para orientarlas al beneficio común. Garantizar que las empresas no cometen ilegalidades no es suficiente si sigue siendo legal actuar en contra de la cohesión social o el medio ambiente. Las empresas tienen pendiente su propia revolución por el buen gobierno y por el interés general.

En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó los Objetivos de Desarrollo Sostenible como metas internacionales para lograr un planeta más dinámico, más justo socialmente y más sostenible ambientalmente. Aunque el compromiso es responsabilidad de los gobiernos, son todos los actores sociales los que están llamados a contribuir a su cumplimiento, incluyendo, como no, el sector empresarial. Conscientes de este reto, son cada vez más empresas, grandes y pequeñas, las que han iniciado una reflexión sobre cómo su actividad económica puede no sólo evitar un deterioro social o ambiental, sino, avanzando más allá, cómo pueden constribuir a su logro. Los ODS son una oportunidad de oro para que el sector privado alinee sus prácticas y aporte al interés general no desde una mal entendida política de filantropía empresarial, sino analizando en profundidad los retos inherentes a dichos objetivos, situándose en el nuevo mapa global y promoviendo las transformaciones necesarias para convertirse en un agente del cambio en positivo.

Para ello se necesita valentía, capacidad de innovación y liderazgo. Las empresas que incorporen esta reflexión construirán modelos generadores de valor a largo plazo. Las empresas que se resistan o ignoren este reto están llamadas a desaparecer. Y no será por ningún tipo de justifica divina, sino por su propia obsolescencia en un mercado cada vez más competitivo y complejo. No hay tiempo que perder.