Este verano ha supuesto la certificación del fin de la Agencia de Evaluación y Calidad de las políticas y servicios públicos, institución creada hace más de diez años por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con el objetivo de promover la cultura de la evaluación dentro de las administraciones públicas y la calidad de los servicios. La AEVAL surgía como un paso adelante en el impulso modernizador de nuestro gobierno y nuestras políticas públicas, que ahora, tras una década de bajo vuelo, pocos recursos y poca autoridad dentro de la propia administración, ha terminado reconvertida en el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, con rango de subdirección general.

Es una pésima, aunque esperable noticia: el desempeño de la AEVAL estuvo siempre sujeto a la ausencia de un mandato imperativo sobre las políticas a evaluar, falta de colaboración por parte del resto de las administraciones públicas y un presupueso menguado. En otras palabras: aunque se diseñó y se instauró con la mayor de las vocaciones modernizadoras, lo cierto es que la ausencia de voluntad política en el conjunto de la administración terminó por vaciarla de contenido, luego de recursos y finalmente de estructura.

Y es que en España la cultura de la evaluación de las políticas públicas está muy poco desarrollada. La mayoría de las evaluaciones que se desarrollan son por mandato imperativo de la Unión Europea en proyectos y programas financiados por su presupuesto, y, en otros casos, los menos, obligadas por el legislador. Pero en estos casos, las evaluaciones se entienden como requisitos legales más que como instrumentos de mejora de la gestión y generación de aprendizajes. Están poco dotadas, tiene poca profundidad, y, en su mayoría, terminan en un cajón antes de generar un cambio en el análisis y elaboración de las políticas públicas.

Y sin embargo, las evaluaciones independientes son clave para mejorar el diseño de nuestras políticas públicas: sin ellas, sencillamente estamos actuando con los ojos cerrados. No sabemos si nuestro sistema de políticas activas de empleo tiene el mejor impacto posible en la reducción del desempleo. No sabemos qué aspectos de diseño y gobernanza se pueden mejorar en nuestra política universitaria. No tenemos herramientas para saber si nuestras políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social son efectivas, o si falla algo en el sistema de protección de víctimas de violencia de género. Sencillamente no sabemos si estamos actuando bien, si se necesitan más recursos, o si estamos tirando el dinero de los contribuyentes.

Es difícil terminar de identificar por qué España es un país tan refractario a la evaluación de las políticas públicas. La generación de evidencia suficiente para alimentar el diseño y la gestión de las políticas públicas debería ser una exigencia previa antes de poner en marcha cualquier tipo de iniciativa, y la toma de lecciones sobre los resultados de las políticas públicas deberían permitirnos un uso más eficiente de los siempre escasos recursos públicos. Esta era la vocación que alimentaba la AEVAL, pero que nunca llegó a materializarse adecuadamente. Ahora, sin ella, España ha dado un paso atrás en materia de calidad de nuestras políticas públicas, algo inexplicable en un país que necesita exprimir cada euro de sus recursos en beneficio de los ciudadanos y que ha visto buena parte de su sector público envuelto en numerosas tramas de mal gobierno y de corrupción.

Para garantizar el derecho al buen gobierno, no basta sólo con luchar contra el fraude y la corrupción: hace falta también implicarse en mejorar continuamente la calidad de las políticas públicas. Porque, de alguna manera, quemar el dinero público en políticas sin impacto y sin volundad de mejora es otra forma de corrupción. Pero no toda la culpa es de la administración. Somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, los que deberíamos exigir, sin ambages, evaluaciones independientes y de calidad a nuestros gobernantes.