Una de las modificaciones que nos ha traído la innovación es el modelo de negocio basado en el coste cero o coste muy bajo: aerolíneas que ofrecen precios prácticamente gratuitos para sus viajes, servicios telefónicos basados en tarifas ultrabajas, medios de comunicación de acceso gratuito; en definitiva, toda la extensión de un modelo basado en precios bajos o inexistentes, donde lo importante es la escala de actuación –conseguir pequeños beneficios por unidad, pero vender muchas unidades– o generar valor a través de poner en común alguien que no quiere pagar con alguien que paga por los dos. Decimos los economistas que nada es gratis, y que siempre hay alguien que paga el coste de lo que consumimos. Por ejemplo, en los diarios digitales con acceso libre, donde la principal fuente de ingresos es la publicidad asociada al tráfico generado en la noticia. Los medios luchan por captar la atención del lector el tiempo suficiente para que las agencias de publicidad consideren valioso colocar un anuncio que pueda ser de interés para el consumidor. O las redes sociales, de acceso gratuito y donde la principal fuente de ingresos son los datos de navegación o geolocalización del usuario, que quedan registrados para posteriores campañas de marketing.

El modelo no-cost, o low-cost, se está estableciendo como una práctica habitual en el mercado: de hecho, algunas de las compañías más grandes del mundo, como Google o Facebook, no reciben ingresos de sus usuarios, sino de los que quieren acceder a ellos. Cuando no sabemos cómo se va a pagar una mercancía, normalmente es porque la mercancía somos nosotros.

El problema surge cuando esta cultura del low-cost se extiende a ámbitos en los que su aplicación resulta problemática. Uno de ellos es el de los servicios públicos:  la semana pasada vimos como el Ejército de Tierra tiene contratados los servicios de mantenimiento de sus vehículos blindados en zona de combate a precios de chatarrería. No es el único caso: contratas de limpieza a precios que hacen inviable el mantenimiento de las calles, servicios de comedor escolar en malas condiciones, presupuestos de salud que no permiten reparar los desperfectos hospitalarios… La lista es interminable y puede ser fácilmente identificada en los medios de comunicación. Esta práctica de subastar los servicios lleva a ofrecer políticas públicas de pésima calidad: proyectos mal planificados porque se hizo un análisis somero, evaluaciones que no sirven para mejorar las políticas públicas porque su alcance es ridículo, auditorías que se alargan porque las ganó una firma que tiró el precio y en realidad no sabe hacer su trabajo… Un desperdicio de recursos públicos precisamente por querer ahorrar.

Desde luego que la Administración debe comprometerse con la eficiencia en los servicios, tener disciplina fiscal y no gastar más de lo estrictamente necesario. Pero lo necesario lo tienen que gastar. España tiene unos ingresos públicos que hacen inviable el mantenimiento de muchas políticas públicas, las cuales, en el peor de los casos, se terminan prestando sin la calidad suficiente. La Administración debería tener en cuenta que su obsesión por los precios se hace a costa, como en el caso de los barrenderos de Madrid hace unos años, de los salarios de quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha los servicios públicos.

Si un servicio público está mal dotado, alguien lo terminará pagando: los trabajadores o los ciudadanos. Hace tiempo que se puso en marcha el movimiento ‘know-cost’, o aquel que se hace consciente del coste real que tienen los productos y servicios que se consumen. Ha llegado la hora de que la ciudadanía sea consciente de que nada es gratis y de que servicios de calidad requieren recursos de calidad.