En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Agenda de Desarrollo Sostenible, un programa de acción que comprendía 17 objetivos -los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible- y un total de 169 metas, en las cuales la comunidad internacional se comprometía a promover un desarrollo inclusivo, inteligente y sostenible para el futuro próximo. El horizonte de cumplimiento de dichos objetivos es el año 2030, es decir, que la vigencia de la agenda se extiende durante quince años, o dicho de otro modo, más allá de varias legislaturas. En esto reside su fortaleza: se trata de una agenda a largo plazo, que debe contribuir a transformar nuestros modos de producción, apoyar la lucha contra la pobreza y el cambio climático, promover la cooperación y el respeto de los derechos humanos.

Palabras todas ellas que suenan a música celestial en un contexto francamente difícil a nivel internacional: las políticas de Trump, el auge de los nacionalismos en Europa -que esperamos no ver confirmados el próximo domingo en Francia-, la guerra que azota a numerosos países pero en particular a Siria y Yemen, y el incremento de una amenaza de guerra nuclear con Corea del Norte y Estados Unidos entre medias hacen que esta agenda haya pasado a un segundo plano. Y sin embargo, su puesta en marcha y activación es más necesaria que nunca, precisamente para combatir las raíces de muchos de estos conflictos y situaciones.

España está comprometida -al menos formalmente- con esta agenda. Como firmante de la declaración, deberíamos incorporar sus objetivos y metas a nuestros planes de futuro, reorientando nuestro modelo de desarrollo económico y social. Lamentablemente, hasta la fecha, la Administración General del Estado se ha mostrado particularmente pasiva. Pasados más de 18 meses desde su proclamación, España sigue sin una estrategia general que nos permita vislumbrar cómo nuestro país va a cumplir con dichos objetivos. Hay apuestas parciales, pero desde luego, nada que pueda considerarse mínimamente cercano a un impulso político.

Afortunadamente, ante la pasividad del Gobierno, las administraciones territoriales se están tomando en serio su aplicación. Ya son varias las comunidades autónomas que, como Valencia, están integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus agendas de gobierno, y, cada vez con más interés, los municipios están comenzando a plantearse la necesidad de replantear sus políticas locales a la luz de dichos objetivos. No es una situación particular de España. A nivel internacional, la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales, la CGLU, ha lanzado numerosas iniciativas de sensibilización, integración y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las agendas locales. A fin de cuentas, es en las ciudades y pueblos donde vivimos, producimos, consumimos y participamos políticamente. Su protagonismo en la ejecución de la agenda de desarrollo sostenible es primordial.

En España, la Federación Española de Municipios y Provincias está desarrollando su propia estrategia: ciudades más sostenibles, mas innovadoras y más inclusivas, donde la participación local contribuye, en alianza con el sector privado y el sector público, a la puesta en marcha de programas y planes de desarrollo sostenible. Y lo está haciendo en coordinación con actores europeos y latinoamericanos, como se ha podido ver esta semana en Madrid, en el seminario sobre localización de los Objetivos que tuvo lugar ayer.

Sería magnífico que las fuerzas políticas hicieran caso a sus alcaldes y alcaldesas e impulsaran a nivel nacional lo que ya está siendo una realidad a nivel local: la Agenda de Desarrollo Sostenible necesita de un amplio consenso y una mirada a largo plazo sobre nuestro futuro. Esto es lo que más necesitamos en nuestro país, y, de nuevo, los gobiernos locales van por delante.