Aunque la situación de Cataluña ha hecho variar a la baja las previsiones, el Gobierno ha presentado un cuadro macroeconómico para 2018 repleto de buenas noticias para nuestra economía. ¿Estaremos mejor el año que viene? ¿Lo notaremos en nuestros bolsillos? Lo cierto es que la famosa recuperación del PIB no se ha trasladado, ni mucho menos, a los sectores de la población que siguen sufriendo las peores consecuencias de la crisis económica. El decil con menor renta laboral ha visto cómo esta se mantiene, a fecha de hoy, todavía un 24% por debajo de la que tenían antes del inicio de la crisis. Los niveles de pobreza se mantienen prácticamente inalterados; mientras que en la última medición, la renta media por hogar se incrementaba un 2,4%, la población en riesgo de pobreza se incrementaba un 0,2% respecto al año anterior, situándose en el 22,3%.

Una parte importante de esta situación en enquistamiento de la pobreza y la exclusión social se debe al deficiente comportamiento del mercado laboral. En un estudio reciente publicado por la Fundación Funcas, y firmado por Fernández Kranz, se constata una fuerte diferencia en los salarios de entrada en el mercado laboral si se los compara con los existentes en 2008. De esta manera, un joven que se incorpore hoy al mercado laboral estaría recibiendo hasta un 14% menos de salario del que recibían los jóvenes que entraban antes del inicio de la crisis. Si a esta depresión salarial se añade la precariedad producida por la temporalidad y la falta de intensidad laboral, nos encontraremos con que las rentas anuales salariales recibidas por ese mismo joven son hoy un 22% más bajas que las recibidas hace diez años. Al mismo tiempo, el trabajo a tiempo parcial para los menores de 25 años prácticamente se ha triplicado, pasando del 15% al 40% en el transcurso de la crisis económica, sin visos de recuperación.

Bien se podría argumentar que la contención salarial producida durante la crisis y ahora pospuesta indefinidamente ha sido necesaria para realizar el consabido ajuste de la economía española. Pero los datos también nos hacen dudar de esto: de acuerdo con un excelente trabajo publicado por Xifré, también en Funcas, la conclusión no puede ser más desoladora: los efectos de la moderación salarial guardan poca relación con la mejora de la competitividad vía precios. Tampoco las cifras de I+D, en permanente mengua, nos invitan a pensar que el dinero no pagado en nóminas se haya destinado a mejorar la innovación y el valor añadido de nuestra producción. ¿Dónde ha ido todo ese dinero? Sencillamente, como ya mostró en un momento Daniel Fuentes, en 2015, a amortizar la deuda de un sector privado sometido a fuertes restricciones crediticias durante los años duros del ajuste.

Así que sí, los asalariados —y particularmente los más desprotegidos— han sido los paganinis de la crisis, sin que parezca que haya el más mínimo interés en corregir esta situación. El resultado de este proceso ha sido un incremento de la desigualdad económica y social, una persistencia de tasas de población en riesgo de pobreza y exclusión social inaceptables —particularmente entre la infancia, donde somos ya el tercer país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil—, unas tasas de paro que están todavía muy lejos de las vividas antes de la crisis y una creación de empleo de muy baja calidad que mantiene en la pobreza a más del 13% de la población que trabaja, cifra que se incrementa hasta el 18% para menores de 25 años.

Una economía robusta no puede permitirse esta fragilidad social. Urge reactivar en España un pacto de rentas que permita subir salarios y corregir los graves efectos sociales de la crisis económica, tanto en términos de precariedad laboral como en términos de desigualdad. O abordamos urgentemente esta situación o estaremos sentando las bases de la próxima crisis.