El clamor sobre su impacto se está haciendo cada vez más sonoro: los efectos de las plataformas de viviendas compartidas para uso turístico están encendiendo todas las alarmas respecto a su viabilidad futura, su impacto en los barrios donde proliferan, sus consecuencias en términos de gentrificación de los centros históricos y sobre el aumento del precio de las viviendas. Por su parte, los entusiastas de la innovación y de los mercados libres salen a defender el modelo como una innovación que genera riqueza y empleo a través no solo de los ingresos extra que genera en los propietarios, sino también en su efecto arrastre en los sectores que, como la hostelería y el comercio, se ven beneficiados por el impacto de los turistas.

España es un país turístico por naturaleza y por decisión: su efecto supone más del 11% del PIB y es nuestra principal fuente de ingresos del exterior. Es 'nuestro petróleo'. Y como todos los bienes recibidos en abundancia y sin mucha elaboración, tiene efectos y contraefectos: genera empleo y consumo, pero también supone una especialización productiva de bajo valor añadido y muy fluctuante, con empleos de baja calidad, baja productividad y pocos derechos. Las viviendas compartidas de uso turístico han venido a florecer en un contexto beneficioso para dicha actividad, por cuanto nuestras ciudades son polos de atracción del turismo nacional e internacional, algunas de ellas, como Barcelona, Palma o Madrid, hasta límites que están cerca de lo aconsejable.

Los poderes públicos no siempre saben gestionar esta situación: en la mayoría de las ciudades con grandes afluencias de turistas se están estableciendo medidas de control y regulación de este tipo de actividad, por cuanto en muchas ocasiones ha dejado de ser un negocio entre particulares para convertirse en un agujero regulatorio por donde fondos de inversión y empresas poco responsables ejercen una competencia desleal frente a los alojamientos turísticos tradicionales, sometidos a muchas más regulaciones tanto fiscales como de protección del consumidor. Según un estudio realizado por el Financial Times en enero de este año, la principal ventaja de los alojamientos compartidos es que su precio no está sometido a la misma fiscalidad que el precio de un alojamiento reglado. Al mismo tiempo, la rentabilidad de una vivienda turística puede superar con creces los ingresos obtenidos por un alquiler a largo plazo.

No las demonicemos tampoco: los problemas de turistificación y gentrificación del centro de algunas de nuestras ciudades son anteriores a la existencia de las plataformas, las cuales no tienen más de seis o siete años de funcionamiento. Es, además, difícil precisar cuál es su impacto en el mercado de la vivienda a largo plazo, ya que de momento el fenómeno es demasiado reciente como para obtener conclusiones precisas.  Los medios se han hecho eco de abusos tales como edificios completos destinados a esta práctica por parte de empresas, o a la finalización de alquileres en el mercado de largo plazo para incorporarlas a la oferta de las plataformas. Pero, hasta el momento, no es una práctica generalizada. Por eso conviene ponerle un cauce antes de que el fenómeno de las viviendas compartidas se desborde. Las medidas contempladas en ciudades como Londres o Copenhague permiten el intercambio de viviendas y el acceso a unos ingresos extra sin dañar el mercado de alquiler a largo plazo y sin generar estructuras de negocio que compiten deslealmente con una actividad económica muy regulada y sujeta a impuestos.

Nada de esto puede entenderse como un freno a la innovación: el fin último de la misma puede ser generar prosperidad compartida a través de la iniciativa privada, pero que un modelo de negocio sea innovador no debe utilizarse como excusa para evitar que se tengan en cuenta sus consecuencias sociales, y que se corrijan y moderen si es necesario.