El pasado día 31 de mayo, la Comisión Europea hizo público su documento de reflexión sobre el futuro de la Unión Monetaria y Económica, en el marco de los debates abiertos con el Libro Blanco sobre el Futuro de la Unión Europea. Una reflexión que la Unión Europea realiza de manera repetida desde hace más de veinte años, y que no siempre ha dado buenos resultados: a los esfuerzos de Jacques Delors en los ochenta le siguieron el Acta Única Europea y el Tratado de Maastrich, pero tras el fracaso de la Constitución Europea, el plan ‘D’ llevó a un tratado sin alma, antesala de la crisis económica vivida durante los últimos años. En 2010, en plena crisis financiera internacional, el grupo de expertos liderados por Felipe González publicó un nuevo documento de reflexión alertando sobre los inminentes peligros a los que se vería sometida la Unión si no se actuaba con determinación y flexibilidad. Se hizo poco caso de sus conclusiones y hoy la Unión Europea espera, impaciente y desengañada, a que el Reino Unido entienda y sepa qué quiere decir «brexit es brexit».

La reflexión sobre el euro y su futuro no podía dejarse de lado, por cuanto la moneda ha sido uno de los principales vectores de tensión interna dentro de la UE. Las rigideces organizativas iniciales, que no permitían –por su propia definición– una aproximación diferenciada en caso de crisis asimétricas –como las que hemos efectivamente vivido– han dado paso a una cierta interpretación flexible que combinaba la creación de instrumentos colectivos de apoyo, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad –el fondo que gestiona los rescates– o el mecanismo de Resolución Bancaria, así como a una nueva orientación hacia la inversión y el crecimiento facilitada por el Plan Juncker.

La contraprestación a estos mecanismos de solidaridad limitada ha sido una vuelta de tuerca a la supervisión fiscal y económica a los países integrantes en la zona euro, con nuevas exigencias de control sobre las cuentas públicas, a través de lo que se denomina el Semestre Europeo.

Por su parte, el Banco Central Europeo y su presidente, Mario Draghi, hicieron de su capa un sayo y se lanzaron a la mayor operación monetaria de su historia, la flexibilización cuantitativa, que ha permitido comprar miles de millones de euros de deuda pública y corporativa con el objetivo de mantener los tipos de interés bajos y de mejorar la financiación tanto de gobiernos como de grandes empresas y particulares.

La pregunta es: ¿es todo esto suficiente para garantizar la estabilidad en el futuro? ¿Podrá la eurozona soportar una nueva crisis como la vivida o sería ya definitiva? Las propuestas que presenta el documento de reflexión avanzan en la necesidad de establecer nuevos mecanismos de solidaridad y de control, pero la cuestión clave es hasta qué punto la solidaridad entre los miembros de la eurozona puede darse por consolidada. Una política que permitiera al Banco Central Europeo financiar los déficits públicos de los países en crisis –una solución sencilla a un problema complejo como es el del desempleo– se enfrentaría con una gran oposición por parte de países que, como Alemania, consideran la inflación un pecado mortal. Mutualizar la deuda de los gobiernos –al menos en parte– supondría hacer a los países con cuentas más sólidas garantes de los países con cuentas públicas más frágiles, algo que pocos líderes europeos están dispuestos a aceptar.

El documento de reflexión comienza con una afirmación clave: el euro es más que una moneda, es una construcción política, y es en la política donde hay que buscar las soluciones. Porque documentos con soluciones técnicas para garantizar la estabilidad y el  crecimiento de la eurozona abundan ya hasta la saciedad. Lo que hace falta es voluntad política y capacidad de liderazgo. Y es aquí donde, lamentablemente, no cabe ser muy optimistas.