Pocas veces un tratado comercial ha alcanzado este nivel de discusión pública. Se multiplican las opiniones y las declaraciones en las redes sociales, como si su aprobación o su rechazo significaran una nueva vuelta de tuerca en la globalización neoliberal o el inicio de un nuevo amanecer. La realidad, como siempre, es mucho más prosaica. El CETA, o acuerdo comprensivo de comercio entre la Unión Europea y Canadá, es uno más de los 1923 documentos de cooperación económica que la UE tiene firmados con terceros países. Todo el comercio exterior que España mantiene con Canadá apenas supone un 0,25% de nuestro PIB, unos 2.700 millones de euros, con saldo positivo para España. Canadá ni siquiera está entre los 25 primeros socios de España.

La novedad del CETA es que inaugura una nueva generación de acuerdos comerciales que no ordenan solo el flujo de bienes, sino que aborda operaciones comerciales más complejas y propias de economías avanzadas, tales inversiones, comercio de servicios o servicios financieros, que suponen una regulación más compleja, y que afecta al ordenamiento económico interno. Ahí es donde han surgido la mayoría de las polémicas.

La primera de ellas es el establecimiento de un tribunal de arbitraje específico para tratar controversias en inversiones. Este tribunal, que incorpora doble vuelta –con árbitros privados y públicos– se ha denunciado como una cesión de soberanía nacional a favor de las empresas multinacionales. Pero la fórmula elegida supone un perfeccionamiento de una práctica ampliamente extendida en este tipo de tratados, pensada para evitar que conflictos económicos se conviertan en conflictos diplomáticos. España tiene firmados 72 acuerdos bilaterales de protección de inversiones y en todos ellos el mecanismo de resolución de controversias permite a los inversores acudir a algún arbitraje internacional. De hecho, el CETA proporciona mayor control público que esos acuerdos ya firmados y en vigor.

La segunda crítica se refiere a la ausencia de estándares sociales y ambientales. Bien al contrario, los firmantes han manifestado expresamente, a través de los apartados 8 y 9 de su documento interpretativo –un documento elaborado para clarificar el acuerdo y que forma parte del mismo– que el CETA no supondrá ninguna rebaja de estándares ambientales o sociales. Con CETA o sin CETA, si una empresa canadiense se instala en Cáceres, debe respetar la legislación Europea y española. Además, los estándares sociales de Canadá son superiores a muchos europeos: el salario mínimo es de 1.261 euros mensuales, y su gasto en educación y sanidad es superior al español. Los que deben temer por el dumping social son los canadienses, no los europeos.

La tercera crítica plantea que el CETA puede ser la puerta de atrás para las empresas norteamericanas. Sin embargo, el CETA, como todos los acuerdos de libre comercio (todos), lo evita a través de unas estrictas normas de origen (¡154 páginas en el tratado!), que suponen que ningún bien que no se haya producido o transformado en Canadá o Europa tendrá las ventajas que se ofrecen.

No es un acuerdo para las multinacionales: España tiene unas 5.400 empresas que exportan a Canadá. El 91% son pymes. Dada la poca importancia del tráfico comercial entre España y Canadá, su firma o su rechazo afectarán fundamentalmente a estas empresas. Más allá, su significado es más ideológico que real. Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes del libre comercio excede los objetivos de esta columna: aquellos que están a favor del comercio sin cortapisas pensarán que el acuerdo es obstruccionista e insuficiente. Aquellos que están a favor de la soberanía nacional pensarán que ya hemos renunciado a demasiada. Y aquellos que apuestan por un comercio internacional con normas será difícil que encuentren un tratado que se aproxime más a su visión.