Lo ha dicho el mismísimo Cristóbal Montoro, el que más sabe de las cuentas públicas o, al menos, el que más debería saber: "2017 va a ser el ejercicio más difícil de la legislatura". El ministro de Hacienda y Función Pública hacía alusión a la dura tarea que tenemos por delante todos los españoles –no solo él como responsable del ramo– de rebajar el déficit público del 4,6% previsto para el finiquitado 2016, al 3,1% comprometido con Bruselas para este año. En dineros, se trata de 16.000 millones de euros.

En periodismo, y no me pregunten por qué, tendemos a hacer comparaciones con campos de fútbol. Con esos millones se podrían construir casi 100 estadios como el de San Mamés.

Para cumplir, o bien el Estado recauda más, o bien gasta menos. Son lentejas. Hace poco Montoro presentó un paquete de medidas que aspiran a aportar a las arcas 7.000 millones extras, unas cuentas que se me antojan un canto de sirena al fiar 2.000 millones a la lucha contra el fraude. Esperaremos a los Presupuestos, si es que finalmente pasan el trámite parlamentario, para conocer de dónde saldrán los otros 9.000 millones para alcanzar los críticos 16.000.

Montoro y el propio Rajoy han descartado expresamente subir el IRPF y el IVA. Todo apunta a recortes en el gasto.

Si cumpliremos con el déficit es, a inicios de año, una mera especulación. Mucho más concretos son los efectos de la reforma fiscal, causante en parte de esta situación de desviación presupuestaria.

Para el primer año de la reforma (2015), Hacienda cuantificó en cerca de 6.000 millones de euros lo que costó al fisco una medida tildada de electoralista por la oposición. De ellos, 4.800 correspondieron al IRPF. A expensas de conocer los datos finales de 2016, se puede decir que con la renta se recaudará menos que lo obtenido en 2014 (72.600 millones). Es de suponer que el coste será al menos de otros 6.000 millones. No es extraño que nos regañe Bruselas.