JUAN FERRARI. PERIODISTA ECONÓMICO
OPINIÓN

No tiene sentido 8.000 alcaldes en España

Juan Ferrari
Juan Ferrari
20 minutos
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Reformar la tributación estatal es sencillo si se cuenta con una mayoría suficiente en el Parlamento, como sucedió en 2014. Cosa muy distinta es si la reforma afecta a los ayuntamientos y comunidades autónomas, con un arco ideológico variopinto. Entonces hay que negociar y acordar casando posiciones contrapuestas, pero también singularidades regionales.
Es una tarea compleja que exige mucho, mucho tiempo y un gran desgaste político. Pero hay que hacerlo, pues la realidad es testaruda y deja obsoletos los sistemas fiscales autonómicos y locales cada cierto tiempo.
En estos momentos está sobre la mesa el proceso de reforma de la financiación local y autonómica. Aunque  relacionadas —parte de los ingresos de los ayuntamientos proceden de los presupuestos autonómicos—, son dos ámbitos con peculiaridades abismales.
En España hay más de 8.000 ayuntamientos y los habitantes de todos ellos tienen el derecho de contar con la suficiente financiación para cubrir por igual sus necesidades. Aunque ¿qué tienen que ver Madrid o Barcelona con pueblos que no llegan a 100 habitantes?
Poco o nada. Por eso, a mi entender, ya no vale con reformar la fiscalidad; el objetivo debería ser actualizar la propia Administración local. El Gobierno y la oposición deberían afrontar una transformación, largamente aparcada, que implique la concentración. No tiene sentido que haya en España 8.000 alcaldes y 67.470 concejales, como tampoco está muy claro el papel de las diputaciones y otros entes locales. Los concejos, o concellos, del norte de España son una buena pista de cambio.
Por otro lado, es imprescindible determinar qué funciones se delegan en los entes locales, para evitar que se solapen con comunidades autónomas y, en el caso de grandes ayuntamientos, con el propio Gobierno central.
Un ejemplo: muchos alcaldes gastan en viajes al extranjero para atraer inversiones, como en un mercadillo. Esa es tarea de las CC AA y el Gobierno central.
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