Este mes hemos asistido a uno de los acontecimientos fiscales más trascendentes de los últimos años: el Tribunal Constitucional declaraba ilegal la amnistía fiscal que llevó a cabo en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy orquestada por su ministro Cristóbal Montoro.

Aunque el Tribunal se apoya en un defecto de forma al sentenciar que el decreto ley que utilizó el Gobierno para la amnistía no es el instrumento legal adecuado, saca los colores a Hacienda cuando dice que la disposición "viene a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron con su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".

No obstante, a pesar de declarar inconstitucional la amnistía, el Tribunal permite que los 31.000 contribuyentes que se acogieron a ella se vayan de rositas al dar por buenas las declaraciones complementarias que hicieron para acogerse a la medida de gracia del Gobierno.

La mecánica de la amnistía es sencilla: Hacienda ofrece impunidad legal –y no ir a la cárcel– a aquellos contribuyentes que voluntariamente reconozcan que han evadido dinero y abonen las deudas más recargos. En un símil simplón, es como si la policía permitiese a todos los ladrones de bancos limpiar su historial delictivo si devuelven el dinero que han robado.

Cristóbal Montoro la defendió -y Rajoy lo ratifica- esgrimiendo que con ella recaudaría 2.500 millones de euros, que finalmente fueron 1.200 millones.

El Constitucional invalida el argumento al considerar que la Agencia Tributaria tenía que haber hecho su trabajo, enviando a los inspectores a cazar a los defraudadores. No sé si los habrían encontrado, pero de ser así, muchos estarían hoy ante un juez explicando por qué robaron y algunos, incluso, en la cárcel.

Pero la amnistía de 2012 no ha sido la primera vez que el Gobierno de Rajoy ha cerrado las puertas a procesos penales contra famosos por motivos fiscales. En 2011, tras conocerse las cuentas ocultas de muchos españoles en el banco suizo HSBC, el fisco alargó los plazos para que pudiesen regularizar sus cuentas opacas y zafarse de un juicio por delito fiscal.

Algunos nombres de los amnistiados han salido a la luz por informaciones periodísticas, aunque Hacienda mantiene el listado completo bajo siete llaves. Hace tiempo el fiscal que investigó a Lola Flores por delito fiscal me reconoció que el Gobierno no quería meterla en prisión. Me pregunto: y ¿ahora?