RAFAEL MATESANZ. FUNDADOR DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
OPINIÓN

Los inefables códigos éticos

Rafael Matesanz
Rafael Matesanz
JORGE PARÍS
Rafael Matesanz

Uno de los fenómenos más chuscos de la política española es la proliferación de códigos éticos adoptados por partidos de derechas e izquierdas en una especie de carrera por mostrar que a ellos no les gana nadie en la lucha contra la corrupción y que lo que haya pasado hasta ahora es responsabilidad personal de quienes hayan pillado pero un futuro irreprochable nos aguarda gracias a la limpieza y transparencia que garantizan estos códigos.

De entrada, que a un político le tengan que poner por escrito lo que está bien y lo que está mal no dice mucho sobre su sentido común (la cualidad más valiosa en un gestor público), ni tampoco sobre su capacidad de discernir lo correcto de lo que no lo es. No parece que haya que hacer un máster para saber que robar, mentir al ciudadano o andar por ahí prevaricando está muy feo, aparte de que, de cumplirse, las leyes marcan perfectamente el camino.

La idea en principio no suena demasiado bien, pero podría pensarse que esta proliferación de códigos éticos es una especie de rito iniciático de los que ocupan un cargo público o aspiran al mismo, que les daría la fuerza suficiente para portarse bien en el futuro y cumplir su compromiso con la ciudadanía. O al menos eso es lo que tratarían de demostrar (o quizás solo vender) al votante.

El problema es que una vez anunciado el compromiso pomposamente y se supone que, adoptado por todos los militantes y cargos públicos, en lo que coinciden la mayoría de los partidos de derechas e izquierdas es en incumplirlos sistemáticamente y sin ningún pudor. Si nos referimos a la situación más visible y por desgracia la más frecuente dados los tiempos que corren: la petición de dimisión a un político imputado por un presunto delito (ahora se denomina investigado) la respuesta no puede ser más monocorde. Todo el partido sale en tromba abogando por la presunción de inocencia, asombrándose de que se compare el caso de su amigo que lo que hizo fue para el bien de la humanidad con los del partido de enfrente que esos sí que se lo han llevado crudo o incluso usando argumentos de expertos judiciales ininteligibles para el común de los mortales con el fin de demostrar que cuando se habla de que tiene que declarar como investigado, en realidad no está investigado o solo un poquito. Vamos que si hubiera prevaricado habría sido casi nada y siempre por el bien común.

Las hemerotecas son tan crueles que algunos a los que su partido ha defendido de esta forma, habían dicho exactamente lo contrario apenas hace unos meses para pedir la dimisión de algún contrario. Todo un ejercicio de cinismo colectivo que tan solo se interrumpe cuando un pacto firmado con un tercer partido que exige responsabilidades, amenaza con dejar de apoyar al gobierno de turno si no hay dimisiones: tras los consabidos conatos de resistencia se obliga a la dimisión del investigado para conservar el gobierno. Es lo que tienen las mayorías no absolutas, estatales o locales.

Desde los lejanos años ochenta en que el socialista Demetrio Madrid dimitió como presidente de la Junta de Castilla León por una imputación de tipo laboral en una de sus empresas de la que quedó absuelto tres años después (¡qué tiempos y qué gente, por Dios!), nadie se ha marchado voluntariamente en España tras ser imputado. Nada que ver con las dimisiones de esa gente tan rara de las Europas de arriba por haber plagiado una tesis doctoral o similares.

La corrupción está desde hace tiempo en lo más alto de las preocupaciones de los españoles y con todo merecimiento. Los daños que produce anualmente a nuestros bolsillos son de muchos miles de millones detraídos a la sanidad, las pensiones, la dependencia… Otro daño colateral es haber hecho saltar en pedazos la credibilidad de los códigos éticos y por supuesto de los partidos políticos que tan alegremente se los saltan a la torera. Aunque la verdad es que éstos ya estaban bajo mínimos.

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