España acaba de presentar en la ONU un proyecto de Resolución para combatir en todo el mundo el tráfico de órganos. Este proyecto, que podría ser votado por la Asamblea General de Naciones Unidas después del verano, incluye entre otras medidas la tipificación como delito de cualquier compraventa de órganos para trasplante y el impulso de modelos organizativos como el español.

Esta iniciativa se une a otras también encabezadas por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) española en los últimos años con un buen número de organismos internacionales tanto de carácter estatal como profesional (Consejo de Europa, OMS, Unión Europea, The Transplantation Society…) siempre con dos mensajes nítidos: tolerancia cero con cualquier forma de compraventa de órganos, con legislaciones claras y universales, y una única forma de evitar esta forma de esclavitud del siglo XXI: que cada país procure la autosuficiencia en cuanto a la donación de órganos para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, con acciones y modelos organizativos similares al que puso en marcha la ONT en 1989 y que nos ha permitido liderar el ranking mundial de donación y trasplantes durante los últimos 25 años.

El tráfico de órganos es todo un negocio universal de un nutrido grupo internacional de sinvergüenzas en torno a las necesidades humanas. Las cifras que muestran la situación son realmente escandalosas. Se desconoce con exactitud la demanda anual de trasplantes, pero según algunas estimaciones podría estar alrededor de los dos millones de enfermos anuales frente a una actividad anual que no supera las 120.000 intervenciones: apenas un 5-6% de quienes precisan un trasplante en el mundo finalmente lo consiguen.

La situación en España, donde más de un 90% de los pacientes que necesitan un órgano para seguir viviendo lo consiguen a tiempo, es una perfecta rareza que nos debe hacer sentir orgullosos pero que no oculta la enorme tragedia que significa este tema en el mundo. Hay un dramático contexto de escasez generalizada en que la falta de trasplantes conduce indefectiblemente a la muerte o a la diálisis de por vida... cuando el país o el enfermo la pueden pagar, algo que en medio mundo es tan solo una entelequia.

La situación no puede ser más explosiva: enfermos de países ricos sin órganos suficientes para alcanzar el trasplante a tiempo (por ejemplo la donación en Alemania es la cuarta parte de la española o la británica la mitad) o bien enfermos ricos en países que no lo son o que no tienen un sistema de trasplante, son puestos en contacto por mafias internacionales con ciudadanos de países pobres o pobres en países ricos, a menudo víctimas de explotación y coerción. Como siempre, hay pobres que venden porque hay ricos que compran: así de claro.

En un mundo globalizado, las intervenciones quirúrgicas se realizan en países con legislaciones permisivas o inexistentes a cargo de médicos sin escrúpulos. Las condiciones sanitarias no son obviamente las mejores y las complicaciones de todo tipo, tanto en el que compra como en el que vende, son la norma, muchas veces con consecuencias fatales. Cuando la presión policial o mediática amenaza a alguno de los focos donde se concentra el tráfico de órganos, se traslada a otros países desestructurados que por desgracia nunca faltan y vuelta a empezar.

Con este estado de cosas se comprende que solo la cooperación internacional puede poner freno al tráfico de órganos, por una parte ampliando y unificando la presión policial y legal y por otro creando las condiciones para que cada país pueda afrontar con éxito la demanda de trasplantes para sus propios enfermos sin tener que recurrir a estas prácticas abominables. En ambas línas de acción la ONT sigue y seguirá marcando la pauta.