Cuando se trata de condenar a Maduro, el PP es el primero de la fila. Si hay que apoyar a la oposición venezolana, el PP es el campeón. Todo sea dicho, ambas cosas son correctas y necesarias y más, en particular, para quienes nos sentimos de izquierdas y denunciamos con dolor que esa izquierda bolivariana sea la responsable de los desastres venezolanos.

Pero una cosa es expresar ese apoyo a la oposición y otra ayudar a los venezolanos. En concreto a los que han huido de Venezuela por la insufrible situación de su país. Muchos de ellos han acudido a España debido a los vínculos lingüísticos, culturales e incluso familiares que unen a nuestros dos países. De hecho, recientemente hemos sabido por la prensa que en 2016 solicitaron asilo en España casi 4.000 ciudadanos venezolanos, prácticamente siete veces más de los que lo hicieron en 2015, convirtiéndose en la nacionalidad con mayor número de peticionarios de asilo, por encima incluso de los sirios. Sin embargo, en 2016 sólo se resolvieron 40 expedientes -todos ellos tras largos periodos de espera- y únicamente cuatro resultaron positivos. La generosidad de las autoridades españolas hacia estas personas está resultando bastante magra, y contrasta vivamente con la retórica altisonante que emplean esas mismas autoridades cuando se trata de condenar al régimen de Maduro.

A ese contraste se añade otro que llama inevitablemente la atención. Frente a la parquedad de la acogida deparada a los venezolanos, vemos las cifras del llamado ‘visado de oro’, que el Gobierno de España concede desde 2013 a los inversores extranjeros (a partir de cierto umbral, bastante elevado, por cierto) y a los profesionales cualificados. Según cifras oficiales, a finales de 2016 el Gobierno había proporcionado este tipo de visados a más de 27.000 personas, destacando en este colectivo los millonarios chinos y rusos y sus correspondientes familias.

Es cierto que el ‘visado de oro’ existe en otros países de nuestro entorno, y es cierto también que por esta vía se ha atraído hacia España un volumen de capital extranjero que no estamos en condiciones de despreciar. No obstante, si tenemos capacidad para facilitar la estancia de todos estos inversores y profesionales extranjeros y sus familiares, resulta chocante que no podamos hacer nada por sacar a unas cuantas familias venezolanas del limbo legal en el que se encuentran. La coherencia manda que nuestras denuncias contra la arbitrariedad que se ha apoderado de Venezuela, vengan acompañadas de un gesto de generosidad tangible hacia quienes llegan a España huyendo de ese marasmo.

No es sólo coherencia y solidaridad. También es justicia con un pueblo que acogió a cientos de miles de emigrantes españoles el siglo pasado, que huían del hambre o de la represión franquista después de nuestra guerra civil. Por último, además de necesario y justo, acoger y dar permisos de residencia a esos venezolanos en España, es inteligente. Son personas preparadas, jóvenes, bien educadas, profesionalmente competentes, que enriquecen nuestra convivencia y nuestra economía. De manera que menos retórica y más solidaridad. Menos declaraciones y más acogida a los venezolanos.