El fracaso del proceso independentista, reconocido ahora incluso por sus propios responsables, ha derivado en un posproceso cargado de incertidumbres, que ni siquiera se puede prever que queden resueltas después de que los catalanes voten en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Elecciones autonómicas y no constituyentes, como falsamente prometieron a su grey los dirigentes del soberanismo.

Una vez frustrado el proyecto de poner en marcha la república catalana, el nuevo runrún es el de convocar a medio plazo un referéndum de independencia, pero esta vez legal, pactado y vinculante, sin necesidad de traer urnas desde China. El independentismo es como ir en bicicleta: si no pedaleas, la bici deja de avanzar y, al perder impulso, cae al suelo. Pero este nuevo objetivo, al que se suma con entusiasmo Pablo Iglesias, es tan inviable como lo ha sido el procés implementado por las bravas. Porque convocar un referéndum para que una parte del territorio español pueda escindirse y crear un Estado propio afecta, como poco, al Título preliminar de la Constitución, que establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español", y la "indisoluble unidad de la Nación española"; y al Capítulo segundo, en el que se dicta que "los españoles son iguales ante la ley".

Quienes pretenden pactar con el Estado un referéndum de independencia lo hacen a sabiendas de que esos pasajes de la Constitución están sometidos a lo que los expertos califican como "procedimiento agravado de reforma", descrito en el artículo 168. Y consiste en el siguiente laberinto: el proyecto de reforma debe ser aprobado por dos tercios de cada cámara de las Cortes Generales; una vez aprobado por esa mayoría reforzada, se disolverán las Cortes y se convocarán elecciones; las cámaras que surjan de esas nuevas elecciones deberán ratificar la decisión de las anteriores, otra vez, por dos tercios de cada cámara; y, después, ese proyecto se someterá a referéndum para ser ratificado por todos los españoles. Todos, no algunos.

Solo mediante este procedimiento tan complejo (amplia mayoría política en las Cortes y mayoría social en referéndum) se puede acabar con la indisoluble unidad de España, con la soberanía nacional de todos los españoles y con su igualdad ante la ley. Y solo de esa forma se podría convocar después un referéndum de independencia en Cataluña con todas las de la ley. ¿Alguien cree que el PP, todo el PSOE, Ciudadanos y todo Podemos van a defender una reforma de ese tipo? Y algo más: los referéndums en España no son vinculantes. El artículo 92 de la Constitución los define como consultivos. Ese artículo también habría que cambiarlo. Quienes prometen un referéndum legal, pactado y vinculante deberían advertir de lo que supone, y de cómo se proponen conseguirlo.