La privatización de pisos del Ivima y la EMVS obliga a los inquilinos a pagar más

  • La Comunidad y el Ayuntamiento han vendido 5.000 viviendas a 'fondos buitre'.
  • Ahora, las empresas suben los alquileres a los que gozaban de reducciones y reclaman a los vecinos el pago del IBI.
Jimena, una exinquilina de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid a la que Fidere amenaza con desahuciar si no paga las cuotas atrasadas.
Jimena, una exinquilina de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid a la que Fidere amenaza con desahuciar si no paga las cuotas atrasadas.
JORGE PARÍS
Jimena, una exinquilina de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid a la que Fidere amenaza con desahuciar si no paga las cuotas atrasadas.

El Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas públicas de 18 promociones al grupo inmobiliario Magic Real State Blackstone por 128,5 millones de euros en julio de 2013. Un mes más tarde, el gobierno regional entregaba otros 3.000 pisos de 32 promociones del Plan Joven a los fondos de inversión Goldman Sachs y Azora, que pagaron por ellos 201 millones.

"Los inquilinos mantendrán las condiciones actuales", corearon al unísono ambas administraciones para superar las reticencias de los inquilinos, que eran beneficiarios de alquileres sociales y de contratos con opción a compra a precio limitado. Nueve meses después, sin embargo, los afectados se encuentran con que la privatización de vivienda pública les va a salir más cara de lo que les habían prometido.

El encarecimiento se ha producido por distintas vías. Una de ellas es la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Hasta el momento de la venta, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) se hacía cargo de este gravamen como 'deferencia' con sus inquilinos. Una vez que los inmuebles pasaron a manos de los fondos, el peso recayó en los residentes.

"Me han mandado una carta en la que me piden 400 euros, cuando resulta que el Ayuntamiento de Majadahonda, donde está mi piso, no ha fijado aún el recibo para este año", se indigna Sonia (30 años). "La casa tiene dos dormitorios, garaje y trastero. Está frente al hospital Puerta de Hierro. Aun así, me parece una exageración pagar esa cantidad cuando hablamos de edificios protegidos", insiste.

Los 332 vecinos de su urbanización se encuentran en una situación similar, con el añadido de que Encasa Cibeles —la entidad creada por Goldman Sachs y Azora— quiere disolver las juntas vecinales existentes y crear juntas de propietarios en las que la empresa tendría la potestad de aprobar subidas de la comunidad o nuevos conceptos de pago. Tanto la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima como la Comunidad advierten que aumentar las cuotas sería ilegal.

Fin a las ayudas

En el Ensanche de Vallecas, los problemas se deben a la cancelación de las ayudas que la Comunidad daba para sufragar los alquileres.

El de Yasmine (45 años) se disparó de 50 a 500 euros en un solo mes. El Ivima le aplicaba una reducción debido a sus problemas económicos, pero esta caducó en diciembre. Cuando fue a renovarla, la Administración le dijo que su expediente había pasado a Encasa Cibeles, que no le ha mantenido la ayuda. "Mi marido es camionero y yo soy oficial de peluquería. Siempre trabajamos y nunca debimos nada, pero ahora no hay empleo. Voy a Cáritas a pedir comida para mis tres hijos porque tenemos la nevera vacía.", se lamenta.

Ruth (33 años) pagaba 300 euros hasta que se quedó en paro. Cuando dejó de cumplir con las mensualidades, el Ivima le quitó la ayuda. Hoy, debe 2.500 euros y su recibo alcanza los 500 euros al mes, pero ni siquiera sabe a dónde dirigirse. "Nadie te dice nada. Esto esperando el desahucio. Me hicieron el descuento porque estaba mal. Ahora que estoy peor, ¿me dejan tirada?", pregunta.

En total, 500 inquilinos gozan de reducción de renta en toda la región. Encasa tiene la obligación de mantenerla, pero no de prolongarla. A pesar de ello, la Consejería de Transportes y Vivienda asegura que el fondo ha prorrogado las 100 que vencieron a finales del año pasado.

"¡Es mentira!", clama Carolina, (28 años). "De 75 euros que pagaba hasta diciembre he pasado a un alquiler de 300. Encima, me reclaman 540 euros de IBI por una casa que no es mía y que no voy a poder comprar porque no tengo ingresos", apunta. Según su versión, la asistenta social se ha desentendido y la que ha contratado Encasa no ha pasado por su domicilio. "No pongo la calefacción porque no tengo con qué pagarla", confiesa.

"Comercian con pisos protegidos"

Fidere, que gestiona para Blackstone los pisos comprados a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), ha amenazado a Jimena (38 años), a su marido y a sus tres hijos con echarles de casa si no pagan el recibo que dejó pendiente: "Mi empresa se retrasó en la nómina durante dos meses y no pude con el alquiler. Fidere se ha hecho cargo de la deuda y me exige que les dé el dinero, pero lo haré cuando pueda. Con la EMVS podía negociar, con ellos, no".

Los 112 residentes de su bloque, en el Ensanche de Carabanchel, han recibido una carta de Fidere en la que les advierte que están pagando hasta un 45% menos de los gastos de comunidad que deberían. El Ayuntamiento niega que eso signifique que les vayan a subir la cuota (aumentaría de 50 a 90 euros), pero Chus (43 años), se lo toma como una advertencia: "Quieren que nos vayamos para vender las casas y sacar dinero. De hecho, ya hay gente que ha cogido las maletas".

"Comercian con pisos protegidos que se han construido con el dinero de todos en suelo público. No entiendo cómo se puede permitir. Nosotros pagamos 480 euros al mes, pero las viviendas vacías del bloque las están ofertando a 700 euros, a precio de mercado", ratifica Jimena.

Problemas para comprar

De acuerdo a la Consejería de Transportes y Vivienda, solo el 40% de los 52 inquilinos que tenían opción a compra han comprado en La Ventilla, la primera promoción en la que han vencido el plazo estipulado.

Alicia (32 años), tiene una explicación: "No nos dan información. Mi contrato vence en un mes y aún no he pedido la hipoteca porque ni siquiera me han dicho cuánto cuesta el piso, que está en Vallecas. Además, como la vivienda ya no es pública, mi compra se considerará una transferencia entre particulares, pagaré un 6% de Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, en lugar de un 4% de IVA". Cristóbal (43 años), que reside en Tetuán, también critica la 'trampa fiscal' en la que les ha metido la Comunidad: "Soy minusválido y me quedan 13 años de cotización para jubilarme. ¿Qué banco me va a dar un crédito si encima me suben los impuestos?".

La Comunidad de Madrid asegura que está realizando un seguimiento semanal de los casos que se plantean y que será sensible a la hora de tratar los casos de familias con más dificultades para sufragar su vivienda. "No se ha producido ningún desahucio, ni desalojo", insiste un portavoz, que añade que la venta de los pisos servirá para ayudar a otras 1.200 familias. Sin embargo, el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid ha presentado una querella criminal contra el Ejecutivo por vender  "a precio de regalo" unos edificios que, a su juicio, valdrían 369 millones de euros en lugar de los 201 que los fondos buitre pagaron por ellos.

El Ayuntamiento, que justificó la venta de 1.860 viviendas en la necesidad de sanear la quebrada EMVS, no se plantea sacar a subasta otras promociones, por el momento.

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