Más de 15 millones de euros en gastos privados, 87 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia vinculados a partidos políticos y sindicatos y al menos 15 dimisiones. El uso de 'tarjetas B' en la cúpula de Caja Madrid durante la presidencia de Miguel Blesa y Rodrigo Rato se conocía desde que empezaron a publicarse los correos privados de Blesa a finales de 2013, pero ha sido en los últimos días cuando se ha conocido su alcance y los nombres de los que se beneficiaron de estas prácticas.

El pasado mes de octubre, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que investigara a 87 consejeros y directivos de la entidad que usaron sus tarjetas de empresa para cubrir gastos privados entre 2003 y 2012. Unos días después, los exdirectivos Blesa, Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj eran citados como imputados; tres meses después y tras una sentencia del Tribunal Supremo en otro caso sobre el uso personal de tarjetas de empresa, todos los consejeros y directivos que gastaron dinero con las tarjetas black han acabado imputados.

El juez Andreu ha imputado a 79 administradores y directivos, citando como testigos a siete personas más, entre las que se encuentran Enrique de la Torre —que sí realizó gastos— y los cuatro consejeros que no usaron los plásticos.

Las tarjetas se usaron para retirar dinero en efectivo y para realizar pagos en hoteles, tiendas y restaurantes: en total, 15,5 millones de euros en gastos que no se justificaron y que sus usuarios no justificaron en sus correspondientes declaraciones de la renta. De hecho, 28 de ellos llegaron a usarlas cuando ya no trabajaban para Caja Madrid.

El escándalo de las 'tarjetas B' se ha cobrado varios cargos en el PSOE, el PP , en UGT y en CC OO, pero también ha empujado a Hacienda a investigar si se producen prácticas similares en las compañías del Ibex 35 y en otras grandes empresas en España.

Según explica Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, este tipo de tarjetas se suelen utilizar en algunas empresas para evitar que los empleados o directivos tengan que adelantar dinero cuanto se ven obligados a hacer un gasto de representación. No tienen un límite legal, pero obligan al trabajador a justificar cada pago.

Normalmente, los trabajadores pueden usar las tarjetas, pero tienen que pedir facturas para demostrar que el pago supone un gasto de representación y para que la empresa disponga de toda la información y se pueda deducir los gastos que sean deducibles.

Según explica Cruzado, las tarjetas que usaron los directivos y consejeros de Caja Madrid no estaban destinadas a gastos de representación, sino que más bien eran sobresueldos por los que no tributaban al fisco. Según Cruzado, estas tarjetas se podrían haber otorgado de forma legal y como rendimiento en especies si Caja Madrid hubiera aplicado la retención correspondiente para luego pagarla a Hacienda y si los consejeros y directivos hubieran incluido esta información en sus declaraciones de renta.

Sólo cuatro de los 87 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que tenían 'tarjeta B' no hicieron uso de ella. Tres de ellos eran directivos, Íñigo María Aldaz, Esteban Tejera y Francisco Servando Verdú Pons, y uno era representante de UGT, Félix Manuel Sánchez Acal.

Ésta es la lista de miembros del Consejo de Administración y lo que supuestamente gastaron con las tarjetas en función de los partidos o sindicatos que propusieron sus nombramientos, según la documentación entregada al juez Andreu:

Partido Popular:

PSOE:

Izquierda Unida:

Comisiones Obreras:

UGT:

Patronales:

Otros

El resto, directivos de Caja Madrid y de Bankia incluidos, se puede consultar en este gráfico.

Bankia ha logrado que su expresidente Rodrigo Rato y los exdirectivos José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez-Barcoj y Matías Amat, devuelvan 200.000 euros que habían gastado sin justificar con tarjetas de crédito que les fueron entregadas por el banco antes de su nacionalización. Esas tarjetas se asignaron cuando Rato presidía Bankia, continuando con la práctica de la etapa de Miguel Blesa.

Tras un análisis de la auditoría interna de Bankia, la entidad detectó que algunos de sus exdirectivos habían disfrutado de esas tarjetas de crédito emitidas al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario en el banco. Tras comprobar que no constaba ningún acuerdo para la asignación de estas tarjetas y que los gastos efectuados con ellas no correspondían a actividades profesionales o gastos de representación, el equipo de Goirigolzarri decidió exigir la devolución del dinero que habían gastado.

Las tarjetas se dieron de baja tras la llegada de Goirigolzarri a la presidencia de Bankia, en mayo de 2012, y el actual equipo gestor de Bankia puso los hechos en conocimiento del FROB, que fue quien le comunicó lo ocurrido a la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, algunos de los consejeros y directivos de Caja Madrid han devuelto también lo que gastaron o parte del total, como Carmen Cafranga, Miguel Corsini, Arturo Fernández, Virgilio Zapatero, Francisco Javier López Madrid o Rafael Spottorno.

Casi una veintena de implicados en el uso de las tarjetas han dimitido o han sido destituidos de sus actuales cargos hasta el momento tras aparecer sus nombres en la lista de usuarios de las 'tarjetas B'.

Por otro lado, poco después de saltar el escándalo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció que expulsaría de su partido a todos los socialistas que hubieran hecho uso irregular de las tarjetas para gastos de representación y les pediría que devolvieran el dinero.

Finalmente, el PSOE expulsó a Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, José María de la Riva Amez, José María Arteta Vico, María Enedina Alvárez Gayol, Virgilio Zapatero Gómez, Ignacio Varela Díaz, Ignacio Varela Díaz, Miguel Muñiz de las Cuevas,  Gonzalo Martín Pascual y Miguel Ángel Abejón Resa. El Comité de Derechos y Garantías del PP, por su parte, acordó tramitar la baja de "todos sus militantes afectados", entre ellos el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato.

Entre los que presentaron su dimisión se encuentran el director del gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, Rodolfo Benito, histórico dirigente de Comisiones Obreras y el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Boadilla del Monte, Manuel José Rodríguez.

También, Fernando Serrano Antón, vocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid, Miguel Corsini Freese, consejero de Mutua Madrileña,  Juan Emilio Iranzo Martín, Consejero independiente de Red Electrica Corp, Manuel José Rodríguez González, gerente de la Emp. Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte,  Jorge Rábago, miembro del Consejo de Telemadrid, etc.

Fueron destituidos, entre otros, Pablo Abejas, que abandona su puesto de director general de Economía, de la Comunidad de Madrid, Javier de Miguel Sánchez, gerente de Tragsa y Juan Manuel Astorqui Portera, vicepresidente de Burson-Marsteller en España. Rafael Spottorno dimitió como consejero del rey.

Varios consejeros de Caja Madrid que aparecen en la lista han negado que fueran un medio de pago "opaco" y han añadido que el Consejo de Administración les aseguró que estaban reguladas y no les puso nunca "ninguna pega" a los gastos. "Si alguien quiere hacer un fraude, haces lo de Bárcenas que no deja rastro", han ilustrado.

Antiguos consejeros que han preferido no ser identificados,  han afirmado que se trataba de una práctica que "conocía todo el mundo" y que el exsecretario de la caja madrileña, Enrique de la Torre, les suministró los plásticos para gastos de representación ligados a su actividad profesional y sujetos a unos "límites y parámetros". "Era como una tarjeta de empresa y una retribución en especie", han asegurado, para reconocer que tenían el condicionante complementario de que no había que justificar los gastos. Eso sí, confiaban en que era Caja Madrid la que declarara este concepto a Hacienda.

En este sentido, algunos de los consultados han manifestado sentirse "absolutamente tranquilos" teniendo en cuenta que era un gasto "aprobado por los órganos de gobierno" y que cuando preguntaron en el Consejo de Administración "nadie puso nunca una pega". "Una tarjeta no se puede ocultar", han enfatizado, para insistir en que consultaban los movimientos en la web de Caja Madrid como cualquier otra tarjeta. Además, algunos dicen que no disponían del PIN y, por lo tanto, no retiraron con ellas dinero en efectivo.

El exdirector de Economía de Madrid, Pablo Abejas, también ha defendido la legalidad de estas tarjetas y ha asegurado que se siente una "víctima" en este caso. Según Abejas, el número dos de la entidad le dio una tarjeta, cuyas únicas condiciones de uso eran no sobrepasar el límite de 25.000 euros y no realizar gastos inadecuados. Rodrigo Rato declaró ante el juez que la tarjeta que usaba era "claramente, una tarjeta conocida, controlada y ligada al cargo" y que sus movimientos quedaban "perfectamente registrados".