Con los partidos enrocados en sus posiciones y sus líderes marcando infranqueables líneas rojas para llegar a cualquier acuerdo de Gobierno, la posibilidad de empujar a la ciudadanía a las urnas el próximo 26 de junio, por segunda vez en seis meses, es una posibilidad cada vez más real.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, pidió el lunes "un gran acuerdo" para acortar la campaña mediante algún "intrumento legal" y no dar "tanto la lata" a la ciudadanía. Pero más allá del voluntarismo político, está el procedimiento.Y sería necesario reformar la Ley electoral para adelantar elecciones (deben celebrarse el día 54 posterior a la convocatoria), para acortar la campaña (la ley fija 15 días de duración) o para reducir la subvención a los partidos.
Cambiar una ley orgánica con un Gobierno en funciones es complicado, así que surgen propuestas alternativas. UPN quiere reducir las subvenciones a los partidos. El PSOE apoyaría recortar las ayudas para el envío de propaganda electoral; pero su líder, Pedro Sánchez, no ve bien acortar los 15 días de campaña. "Sería hurtar el debate público a los ciudadanos", dice el líder socialista, que coincide en este aspecto con Albert Rivera: "Si es reducir costes, nos apuntamos. Pero los debates son gratis", considera el candidato de Ciudadanos.
El gasto en el que incurrió el Estado en la última jornada electoral fue de 130,24 millones y se desglosaba en estas partidas:
- Logística electoral (12,6 millones): es el gasto incurrido por el despliegue de 57.486 mesas, 210.000 urnas, 58.000 cabinas, 66,8 millones de sobres, 400 millones de papeletas y 870.700 manuales de instrucciones en los 22.951 locales electorales repartidos por todo el territorio español. Los 172.458 miembros de las mesas (entre ellos los presidentes y vocales), percibieron además una dieta de 62,61 euros por persona.
- Administraciones Públicas (55,1 millones): el coste incluye el despliegue de 28.000 policías nacionales, más de 44.000 guardias civiles y unos 13.000 municipales, una cifra más lata de lo normal por el estado de alerta antiterrorista en nivel 4, en el que todavía se encuentra España. También las campañas institucionales en prensa, radio y televisión para dar a conocer los comicios y promover la participación entre los electorales.
- Operador Postal (48 millones), incluye el gasto de la gestión del voto por parte de Correos y Telégrafos.
- Telecomunicaciones (12,8 millones): el presupuesto corresponde a la contratación de los sistemas informáticos para la difusión del escrutinio y la gestión tecnológica de la jornada.
- Otros e imprevistos (1,67 millones)
La gestión de la jornada electoral no es el único gasto en el que incurre el Estado. Las administraciones subvencionan además a los partidos en función de sus resultados, con el objetivo de sufragar su propaganda electoral, el alquiler de locales para mítines, los desplazamientos de los políticos en campaña... e incluso los intereses de los créditos pedidos para sufragarla.
Según estipula la Ley electoral, el Estado realiza dos tipos de subvenciones a los partidos: la primera, 21.167,64 euros por cada escaño tanto en el Congreso como en el Senado; y segundo, a los grupos con representación se les paga 0,81 euros por cada voto obtenido en el Congreso y 0,32 euros por cada voto en el Senado, siempre que se haya logrado representación en cada cámara.
Según los cálculos realizados por 20minutos, tras las elecciones de diciembre le correspondieron al PP 17.406.036 euros por sus votos y escaños en ambas cámaras; al PSOE, 12.208.043 euros; a Podemos y sus confluencias, 9.434.736 euros; y a Ciudadanos, que no tuvo representación en el Senado, 3.682.143 euros. En total, las subvenciones que recibieron todos los partidos por este concepto ascendieron a 47,4 millones de euros.
Es decir, sumando las subvenciones y el coste de la jornada electoral, repetir las elecciones podría suponer un nuevo gasto de 177 millones: unos 3,8 euros por cada uno de los 46 millones de españoles.
¿Qué se podría hacer con esos 177 millones de euros?
El dinero que el Estado se gastará en organizar unas nuevas elecciones podría dedicarse a las siguientes partidas presupuestarias y actuaciones sociales de las Administraciones:
- Ampliaría un 14% el gasto en ayudas a la dependencia. Los 177 millones que costaría aproximadamente la nueva campaña suponen un mes entero del presupuestos del Estado para Servicios Sociales y promoción social, que asciende a 2.093,22 millones. Son partidas en favor de ancianos, migrantes, infancia y drogodependencia. También aquí se incluye la ayuda a la Dependencia, para la que se han presupuestado 1.252 millones en 2016. Es decir, el gasto de la campaña cubriría dos meses del programa de dependencia... o permitiría ampliarlo un 14%.
- Sufragaría casi todo el programa PREPARA de ayuda a parados. Este programa de recualificación para desempleados que se quedan sin ayudas nació en 2011 y combina políticas activas de empleo con ayudas económicas de acompañamiento. El programa está dotado este año con 219 millones, es decir, un poco más que los 177 millones que nos podríamos gastar en una nueva campaña electoral.
- Corresponde a un mes y medio de todo el gasto en becas. Las políticas educativas del Estado, una de las partidas afectadas por los recortes en los últimos años, podrían contar con una ayuda extra si se sumase el dinero de la campaña a los 1.472 millones que el Estado dedicará este año al programa de becas y ayudas al estudio.
- Cubriría todo el gasto en Universidad y Educación infantil. El dinero de la campaña también podría dedicarse completamente a sufragar dos partidas este año: el programa de Enseñanzas universitarias, que está dotado en por el Estado con 118,87 millones de euros; o el de Educación infantil y primaria, dotado en 2016 con 161,57 millones.
- Equivale a un mes del gasto en pensiones no contributivas. Según los presupuestos de este año, el crédito destinado a pensiones no contributivas de vejez e invalidez se eleva a 2.290,85 millones de euros, excluido País Vasco y Navarra. El dinero de las elecciones, ayudaría a pagar un mes de estas ayudas.
- Es la mitad del dinero destinado a la Seguridad Social de los funcionarios. Las prestaciones del Estado para los regímenes de mutualidad de los funcionarios (Muface, Isfas...) asciende a 363,95 millones de euros, así que el dinero de la campaña podría dedicarse a cubrir casi la mitad de este presupuesto.
- Pagaría un mes de ayudas a la maternidad. El Estado dedicará en 2016 hasta 2.203,92 millones a prestaciones vinculadas a la cesación temporal en el trabajo por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia, por lo que los 177 millones de esas elecciones sufragaría un mes de las ayudas por nacimiento de hijo.
- Ahorraría cuatro meses de políticas de vivienda. El dinero asignado por el Gobierno en los presupuestos de 2016 en políticas de acceso a la vivienda, fomento a la rehabilitación y remodelación de barrios se eleva a 587,11 millones de euros para todo el año, así que el dinero de las elecciones podría dedicarse a sufragar todo un cuatrimestre de esta partida.
- Cubre todas las partidas de Sanidad y sus organismos autónomos. Los presupuestos de este año asignan una partida de 168 millones de euros para financiar todo el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Consumo (15,81), la Organización Nacional de Trasplantes (4,06)y la Agencia Española de Medicamentos (46,16). Todo este gasto estaría cubierto por el dinero que se dedicaría a unas nuevas elecciones.
- Cubriría dos meses y medio de promoción de la Cultura. El Estado dedica 803,57 millones anuales a proteger y promocionar la Cultura. Evitar unas nuevas elecciones ahorraría suficiente dinero para cubrir dos meses y medios de fomento de las industrias culturales y deportivas españolas. O de forma particularizada, cubriría todo el presupuesto dedicado al deporte (170 millones), o bien a sufragar gran parte de las ayudas al cine (74 millones), al teatro (53 millones) y a la música y danza (94 millones).
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