Los inversores han reaccionado con ventas masivas al anuncio de ampliación de capital realizado este jueves por el Banco Popular. El comunicado, enviado a primera hora de la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, contempla una emisión de 2.004 millones de nuevas acciones —de 0,50 euros de valor nominal y una prima de emisión de 0,75—, para conseguir una inyección de 2.505 millones de euros.

¿Por qué toma ahora el Popular esta decisión? ¿Qué han visto los inversores para castigar de esta manera a los títulos de la entidad? Estas son las ocho  claves que subyacen bajo los planes y los números del banco presidido por Ángel Ron.

Se trata de la segunda ampliación capital de Banco Popular después de la que realizó en 2012 en pleno proceso de saneamiento bancario en España, que resultó en la intervención de algunas entidades como Bankia. Por entonces, la situación del Popular ya era complicada. Según explican a este medio fuentes del sector, su presidente Ángel Ron tuvo que tomar una decisión: someterse a un rescate o hacer 'una entrega por etapas'.

"Eligió la segunda opción, algo que podría haberle salido bien en un mejor contexto económico", indica  Javier Flores, director del departamento de estudios y análisis de Asinver. Pero no es lo que ha sucedido. La banca europea se mueve en un escenario de bajos intereses (en el caso del Euríbor, incluso negativos) que ha estrechado los márgenes y que no ha producido la expansión esperada en la demanda de crédito.

La entidad, según Flores, debe cubrir ahora las necesidades de capital que no cubrió en 2012. "Si la ampliación no cumple los parámetros que persigue la dirección, podría ser necesaria una intervención pública", alerta este analista de Asinver. El presidente Ángel Ron se ha limitado hoy a decir que "la situación es muy compleja" para un sector inmerso en los últimos meses en un proceso de transformación digital y un recorte de sucursales y empleados.

La nueva regulación contable exigida por el Banco de España desde el 1 de octubre, así como las mayores exigencias internacionales a las entidades bancarias desde 2018 para dotar provisiones ante posibles pérdidas —ahora se miden las pérdidas incurridas y dentro de dos años serán las esperadas—, estrecha los márgenes de algunas entidades bancarias. Y el Popular es una de ellas.

"Las normas de Basilea exige unos requisitos de solvencia y al Popular le está costando más cumplir con las etapas de esta normativa porque necesita un capital que ahora no tiene", explica Javier Flores.

Según un informe de JP Morgan al que ayer tuvo acceso el diario Expansión, el Popular necesitaría provisionar hasta 6.685 millones de euros para adaptarse a las normativas contables; casi la mitad de los 14.000 millones que faltan por dotar en la banca española. El banco se limita a asegurar en su comunicado que con la ampliación de capital "dispondrá de un mejor margen de maniobra frente a requerimientos regulatorios futuros".

El banco calcula en su comunicado a la CNMV que debe provisionar este año 4.700 millones para solucionar sus problemas de cobertura. Actualmente la entidad presidida por Ángel Ron mantiene una cobertura del 38%, por debajo del promedio del 51% de las seis entidades que cotizan en el Ibex-35: Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Bankinter y el propio Popular.

El Popular, gracias a la ampliación, "se marca como objetivo incrementarla 12 puntos hasta alcanzar un 50%". De no hacerlo, el banco admite que en este ejercicio se producirían "pérdidas contables".

"Las dudas sobre la entidad no son recientes, en los últimos años vienen siendo una de las entidades más débiles", explica Victoria Torre, responsable de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank. "A nadie en el mercado le sorprende lo que está pasando. Es un runrún contante en el sector que el Banco Popular estaba en una situación frágil. Y esa fragilidad está a punto de quebrarse", añade Flores.

Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el Popular fue señalado por los expertos como la entidad más débil ante los activos tóxicos que dejó el 'ladrillo' en España. "Es una de las entidades que tiene una peor composición de su cartera hipotecaria y está más expuesto que los demás al riesgo y a la morosidad hipotecaria", indica Javier Flores.

Según la entidad, la ampliación de capital "permitirá acelerar la estrategia de reducción del negocio inmobiliario con un nuevo objetivo de desinversión de 15.000 millones de euros de activos improductivos brutos entre 2016 y 2018", apoyado en la reactivación que muestra últimamente el mercado inmobiliario, con más operaciones de compraventas, más suscripción de hipotecas y un repunte en el precio de los inmuebles.

La Corte de Luxemburgo (TJUE) decidirá en los próximos meses si debe devolverse el dinero retenido por las cláusulas suelo de forma retroactiva al comienzo del contrato hipotecario y no desde 2013, como dictaminó el Supremo. Ángel Ron, presidente de la entidad desde 2006, señala que "en el peor de los supuestos", los pagos no superarán los 350 millones que se dotaron en 2015 para cubrir las posibles indemnizaciones. "Aquella provisión hizo caer bruscamente el beneficio el año pasado", recuerda Victoria Torre.

La fragilidad del balance del Popular se puede solucionar de varios modos: el primero, a través de la ampliación de capital anunciada hoy; otro, la  intervención del Gobierno; también podría solucionarse a través de una mayor flexibilidad de sus acreedores y bonistas. Pero hay una posibilidad adicional: la fusión con otras entidades en busca de una mayor productividad al compartir gastos comunes de negocio.

"En esto ha consistido el intento con el Sabadell", asegura Javier Flores sobre las conversaciones fallidas para fusionarse con la entidad catalana, un banco que le dobla en capitalización bursátil. Este experto teme que el fracaso en las negociaciones se haya debido a que el agujero del Popular es "mayor del esperado" y que pueda abocar al Estado a intervenir la entidad.

El presidente Ron ha asegurado este jueves, sin embargo, que la entidad no está "considerando ninguna operación de compra en estos momentos", aunque sí admite que "se estudiará" si es positivo para el accionista y "no lo pone en riesgo en el ámbito doméstico", que es donde el Popular tiene —a diferencia de otras entidades como el Santander— el grueso de su negocio.

Como el resto de las grandes compañías en España, la incertidumbre sobre la senda económica en nuestro país a partir del 26-J, dependiendo de qué partido gobierne, influye en las decisiones tomadas (o no tomadas) por las empresas nacionales y por las extranjeras con intereses en España.

El Popular no cita expresamente el aspecto político en su comunicado a la CNMV, pero sí alerta de la "posibilidad de que se materialicen determinadas incertidumbres que puedan afectar de forma significativa" a sus cuentas y que pueden impactar negativamente en los actuales brotes verdes externos (como el repunte del mercado inmobiliario) y los propios de la entidad (su tasa de morosidad está actualmente en mínimos).

"Una ampliación de capital no se improvisa", ha puntualizado Ron, que sin embargo admite que el plazo para ampliar capital (del 28 de mayo al 11 de junio, apenas días antes de los comicios) es el momento "adecuado"  porque  "nadie garantiza que las cosas vayan a estar mejor dentro de los próximos dos o tres meses". El banco, de este modo, intentará asegurarse la captación de 2.505 millones en capital. De haberlo retrasado, a los inversores podría no gustarles el resultado de las urnas y mostrarse remisos a suscribir las nuevas acciones sacadas al parqué.

El anuncio del Popular se ha mascado con pesadumbre en el mercado y los títulos de la compañía llegaron a caer un 25% a primera hora de la mañana desde los 2,36 euros con los que cerró el miércoles, hasta 1,75, un desplome que situó al valor en niveles de 1992. Si el valor de capitalización de la compañía ayer era de 5.165 millones, en esta jornada el valor de la compañía en el parqué pierde 1.300 millones, más la mitad de lo que el Popular espera recibir de los mercados con la ampliación.

"Si la acción sigue cayendo, los 2.500 millones podrían resultar insuficientes y podría desembocar en una intervención", dice Javier Flores. Los inversores ven otros dos peligros. Por un lado, la dilución en el valor de sus acciones. Y por otro, que la entidad no repartirá dividendo en 2016, algo que ha podido pesar en ánimo vendedor.

El banco califica la ausencia de dividendo este año como una "suspensión temporal" para lograr ajustarse a los cambios normativos, evitar pérdidas contables en este ejercicio y asegurar una política de dividendos "normalizada a partir de 2017". El objetivo, dice el banco, es alcanzar un ratio de pago de dividendo en efectivo de al menos el 40% para 2018.

Ninguno. Según los expertos consultados, los posibles efectos negativos de la ampliación de capital lo sufrirán exclusivamente empresas y bonistas porque el FROB, en el peor de los escenarios, garantiza la recuperación de hasta 100.000 euros por titular. "Los clientes solo sufrirán efectos indirectos en el caso de que, por ejemplo, la entidad deba reducir su tamaño y los recortes les afecten en su operativa diaria", afirma Javier Flores.