El abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos, Pau Molins, ha acusado a Manos Limpias en el último día del juicio de perseguir durante años "un espectáculo mediático", en referencia a los ocho años de prisión que piden para su clienta, y de tener una "enfermiza obsesión" con los documentos mostrados durante la vista.

Así lo ha dicho en la presentación de su informe final, en la que ha dejado claro que "no comparten" que Iñaki Urdangarin cometiera ningún delito fiscal. Ha negado que Aizoon, de la que era socia al 50% la infanta, fuera "una mera sociedad pantalla" y se constituyera solo para canalizar los ingresos del exduque. "El único administrador fue don Iñaki Urdangarin, quien ejercía el dominio absoluto y exclusivo", ha afirmado.

"La confianza de los cónyuges era plena, doña Cristina se limitaba a rubricar sin pedir explicaciones" los documentos que se le daban, ha añadido. La infanta, según su relato, no conocía nada sobre los aspectos contables o fiscales de la sociedad. Dar su consentimiento para formar la sociedad, en todo caso, añade, no implica ser "cooperadora necesaria" en ningún hipotético delito; constituir una sociedad familiar, continúa, no implica que haya "voluntad de defraudar".

La hermana del rey "nunca tuvo ninguna intervención ni conocimiento" sobre los ingresos y gastos atribuidos a Aizoon y su declaración fiscal posterior, según Molins, que ha comenzado su discurso citando a Albert Einstein: "Vivimos en una triste época en la que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio".

Molins ha destacado que se ha "demostrado de manera arrolladora" en el juicio que la infanta es "inocente" y ha recordado el testimonio de su marido, que la exculpó. El letrado ha insistido en que la "agencia apretada" de la infanta -"madre de cuatro hijos, empleada de La Caixa, miembro de la casa real..."-, tal y como ella misma declaró, no le permitía ocuparse de los asuntos de Aizoon.

Respecto a la famosa visa de empresa a nombre de la infanta, ha apuntado que "estuvo prácticamente inoperativa", ya que solo se hicieron con ella una decena de cargos "en el dilatadísimo tiempo" de siete años y la secretaria de Urdangarin, Julita Cuquerella, reconoció que la utilizó. Sí ha admitido que "puntualmente" la infanta realizó entrevistas al personal doméstico, pero "eso no significa" que se ocupara de todos los trámites posteriores de contratación.

"No hay ninguna prueba" de que conociera que el servicio doméstico se pagara a través de la sociedad, y ha achacado la responsabilidad a Urdangarin. Ha sentenciado, además, que el hecho de que la infanta haya consignado las cantidades correspondientes a su presunta responsabilidad como partícipe a título lucrativo tampoco quiere decir que esté "reconociendo" su culpabilidad. Asimismo, "la historia del blindaje fiscal" que habría esgrimido un notario, en su opinión, "ha desaparecido".

Este miércoles, la magistrada que ha dirigido la vista ha declarado el juicio visto para sentencia, cerrando así el antepenúltimo capítulo de un caso que se abrió hace casi seis años como una pieza separada del procedimiento conocido como Palma Arena, impulsado por el juez Castro en colaboración con el fiscal Horrach. Todos los acusados han rechazado ejercer su derecho de última palabra.

El tribunal podría dictar sentencia a finales de año, previsiblemente a partir de octubre o noviembre, según estiman partes personadas en el procedimiento judicial citadas por Europa Press. Las magistradas, no obstante, han eludido pronunciarse al respecto.