La llegada del nuevo año judicial trae consigo una serie de citas en los tribunales que marcarán la agenda de los próximos meses, cobrando especial relevancia el juicio por las tarjetas 'black' y la primera época de la trama Gürtel —que arrancan el 23 de septiembre y 4 de octubre, respectivamente— así como la declaración que prestará Francesc Homs ante el Tribunal Supremo en calidad de investigado por su implicación en la consulta independentista del 9-N.

Tras más de seis años de investigación, un total de 39 imputados —entre los que se encuentra el cabecilla de la red, Francisco Correa, o el extesorero del PP Luis Bárcenas, y para los que la Fiscalía pide 42 y 125 años—, se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional en el marco de la vista sobre las actividades que la trama Gürtel realizó entre 1999 y 2005.

El tribunal, presidido por Ángel Hurtado, prevé que el juicio se alargue más allá de las 32 sesiones previstas para octubre, noviembre y diciembre, en las que se dirimirá la responsabilidad además de otros encausados como el número dos de la trama Pablo Crespo, el Partido Popular como partícipe a título lucrativo, la exministra de Sanidad Ana Mato, o su exmarido Jesús Sepúlveda, entre otros.

Un total de 300 testigos, entre los que se encuentran la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, prestará declaración, así como los exministros Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja, a petición de la defensa del propio Bárcenas, que solicitó su comparecencia en un escrito remitido a la Sala de lo Penal el pasado mes de julio.

Dos semanas antes de la Gürtel dará comienzo la vista por el uso de las tarjetas 'black', después de que el magistrado Fernando Andreu, abriera juicio oral en febrero contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, y otros 64 antiguos representantes de las entidades que utilizaron las tarjetas opacas al fisco para cubrir gastos personales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 concluyó que existían indicios de administración desleal y apropiación indebida por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración y del resto de directivos que hicieron uso de ellas durante los años 1999 y 2012, aunque solo se juzgará la etapa posterior a 1993 porque los gastos cometidos los años previos han prescrito.

La Fiscalía pide penas de prisión que van desde los dos a los seis años para los 66 exdirectivos por cargar 12 millones de euros entre 2003 y 2012; entre ellos el exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj. También están imputados el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, miembros de los sindicatos de CC OO y UGT así como representantes del PP, el PSOE y Moral Santín, de Izquierda Unida.

Rato tiene además una causa pendiente en los juzgados de Plaza Castilla en la que se investiga el origen de su patrimonio y de la que se ha abierto una pieza separada para ahondar en las actividades de su excuñado Santiago Alarcó, en virtud de la cual ambos están llamados a declarar ante el magistrado el próximo 8 de septiembre. Se trata de la cuarta citación de Antonio Serrano-Arnal al expresidente del FMI en esta causa.

Según las investigaciones del juez, el político contrató, durante su periodo en la presidencia de Bankia de 2010 a 2012, al responsable de la empresa que se ocupaba de organizarle conferencias privadas y a Alarcó, este último como asesor de Caja Madrid por una retribución de 120.000 euros, según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El Tribunal Supremo, por su parte, citó a declarar en calidad de investigado para el próximo 19 de septiembre al exconseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, por su actuación en relación a la consulta independentista del 9-N de 2014 y por la que se le acusa de presuntos delitos desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El alto tribunal concluyó que Homs, aforado nacional en calidad de diputado, "tuvo un papel de indudable relevancia" en la convocatoria de la consulta que previamente había suspendido el TC, y por la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió una causa contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la que ex consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

El magistrado al frente de la misma concluyó en junio, una vez finalizada la instrucción, que debe seguirse la acusación contra los tres dirigentes catalanes por presunta prevaricación administrativa y desobediencia. En la resolución rechaza la justificación que dieron los investigados de que todo el proceso quedó en manos del voluntariado y añade que estaban al corriente de la prohibición vigente.

El Tribunal Supremo también se tendrá que pronunciar sobre la petición de la Fiscalía para que abra causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

Un total de 49 personas han sido imputadas en esta pieza separada en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores al partido, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros y con la que financiaron presuntamente la campaña electoral de los comicios municipales de mayo de 2015.

Otoño será la estación del año en la que se conozca la sentencia del caso Nóos que pondrá fin a un largo proceso judicial que sentó en el banquillo a la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín y otras quince personas —entre ellas el expresidente balear Jaume Matas— implicadas en el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos.

La hermana del rey se enfrenta a ocho años de cárcel a petición del sindicato Manos Limpias, que constituye la única de las seis acusaciones que reclama pena de prisión para la exduquesa de Palma. La Fiscalía solicita para Urdangarín 19 años y medio de cárcel y 3 menos para su exsocio Diego Torres, por urdir un entramado empresarial para desviar los fondos públicos.

El Caso Nóos se ha convertido en uno de los procesos más mediáticos —es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo— y dilatados en el tiempo desde que comenzara la investigación hace siete años y, tras más de 61 sesiones, se espera que el magistrado dicte sentencia entre los meses de octubre y diciembre.

El caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta ha sido dividido en varias piezas separadas por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que llevó a cabo esta división en contra del criterio que siempre había mantenido la anterior titular, Mercedes Alaya.

De estas piezas, la que se encuentra más avanzada es la relativa al procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas, la llamada pieza política de los ERE. De hecho, el juez que instruye esta última pieza, Álvaro Martín, dictó en mayo un auto en el que procesaba a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 ex altos cargos.

A expensas de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos contra dicho auto y de que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones presenten sus escritos de conclusiones provisionales contra los investigados, el juicio podría celebrarse entre finales de 2017 y el año 2018.