El concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata ha explicado este lunes en la Audiencia Nacional que su tuit sobre Irene Villa en 2011 por el que se enfrenta a una petición de un año y ocho meses de cárcel fue la simple cita de un chiste que "escuchaba cuando era pequeño" -"No me lo inventé yo, ni siquiera no hice mío"-, de ahí su entrecomillado.

Ha argumentado, además, que el mensaje estaba enmarcado en un debate sobre "los límites del humor negro y la libertad de expresión" en las redes sociales. La letrada de la acusación popular -Dignidad y Justicia- ha negado, sin embargo, que el concejal estuviera participando en ningún debate porque no se dirigía a nadie y ha insistido en que Zapata no publicó mensajes aclaratorios que explicaran inmediatamente el sentido de sus palabras.

La vista se ha celebrado después de que el pasado 14 de septiembre la Sección Tercera de la Sala de Lo Penal ordenase por tercera vez al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, que sentase en el banquillo de los acusados a Zapata. El objeto del juicio es este tuit de hace cinco años: "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos".

El fiscal ha pedido la libre absolución del acusado y en sus conclusiones ha intentado rebatir la jurisprudencia citada por la acusación. "No basta con identificar un tuit que haga referencia a una persona, sino que debe tener esa connotación de humillar", ha dicho el abogado, que ha negado que fuera "evidente" una subjetividad en los tuits de Guillermo Zapata en el sentido apuntado por la letrada.

El representante del Ministerio Público ha aclarado que no comparte lo escrito en 2011 por Zapata -algo que ha dejado caer, incluso, el defensor del acusado-, pero que el "gusto" de los mensajes no es algo que le competa ni que se juzgue en la Audiencia Nacional. Así, cree que la interpretación que se ha hecho por la acusación del tuit, "más allá de lo que ha interpretado la víctima", no guarda "el respeto al principio de proporcionalidad".

Considera que no hay "significación unívoca" en el tuit, que deviene de un planteamiento "absurdo y disparatado" y que juzgar si ese comentario hubiera sido ofensivo "en otro ámbito" y a pesar de que Villa no se siente ofendida no es pertinente.

Durante su declaración, Zapata ha afirmado que a través de su cuenta @casiopeaexpres, que después canceló, no quería humillar a las víctimas del terrorismo y que tampoco pretendía "hacer gracia" con los comentarios citados, ya que "un chiste no tiene que hacer gracia". "¿Dónde está la gracia?", le había preguntado directamente el fiscal tras leer el tuit completo por el que se le juzga.

"Los chistes de humor negro sitúan a personajes en una situación de mezcla de angustia e hilaridad", ha añadido el político de Ahora Madrid para justificarse, una explicación que la acusación popular tampoco ha aceptado, aludiendo al "absoluto conocimiento" que el concejal tenía de sus palabras y su "clara" intención de ofender; para la letrada de Dignidad y Justicia los hechos son "evidentes".

El edil ha declarado que hasta 2015 no recibió ninguna queja o reproche por parte de nadie sobre sus mensajes -"Pasó desapercibido hasta que algunos medios hicieron una labor de prospección en 2015", ha recordado su abogado-. Y ha apostillado que otro de los chistes que citó, relativo al Holocausto, estaba enmarcado en el mismo debate abierto y no tenía una intención "antisemita".

A preguntas de su defensor, Zapata ha detallado en funcionamiento de la red social Twitter, en la actualidad y en 2011 -"Estábamos aprendiendo a usarlo"-, y su desconocimiento entonces sobre si Irene Villa tenía o no cuenta en esa misma red social, ya que "no la interpeló directamente". El letrado de Zapata ha llegado a mencionar el caso de los titiriteros, absueltos de enaltecimiento del terrorismo, para argumentar que "el contexto" es importante en procesos como este; y también el de César Strawberry, archivado igualmente.

Los testigos que ha aportado la defensa en el proceso, algunos amigos del acusado, han ratificado que el concejal "nunca" ni en privado ni en público ha manifestado opiniones a favor del terrorismo o contra las víctimas. El propio acusado, en el uso de la última palabra, ha recordado que asistió, entre otras, a las manifestaciones contra los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Francisco Tomás y Valiente.

Por su parte, los testigos citados por la acusación, tres funcionarios que elaboraron un informe para el juez sobre los tuits antiguos de Zapata, se han ratificado en el contenido del documento, si bien el fiscal ha hecho dudar a uno de ellos sobre los tiempos y el contenido del mismo -el abogado ha preguntado si constataron que ese contenido era original o si llegaron a él a través de cuentas de terceros-.

En el juicio ha declarado también el director de cine Nacho Vigalondo, en el origen del mencionado debate sobre la libertad de expresión por su despido del diario El País al haber hecho determinados comentarios en Twitter relacionados, también, con el Holocausto.

El magistrado Alfonso Guevara, presidente del tribunal, ha llamado la atención dos veces a la acusación por hacer "mención a la praxis del Ministerio Fiscal" durante el proceso. Además de prisión, Dignidad y Justicia pide la inhabilitación absoluta del concejal durante siete años. El juicio ha quedado visto para sentencia,