Las asociaciones de consumidores se han mostrado muy críticas ante el Real Decreto aprobado este viernes por el Gobierno que establece un sistema para la devolución extradicial de las cláusulas suelo en menos de tres meses.

El conjunto de asociaciones denuncia que las entidades bancarias no están obligadas a devolver el dinero si consideran que los contratos eran transparentes. Así, el Real Decreto no obliga a los bancos a pagar necesariamente la cláusula suelo y solo les fuerza a avisar al cliente de su decisión.

Además, lamentan la eliminación de las costas judiciales para las entidades en algunos casos.

El Ejecutivo pactó con el PSOE y con Ciudadanos para la formulación de un decreto que forzara a los bancos a devolver las cantidades que cobraron indebidamente. A juicio de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la "solución" puede resultar "ineficaz" y dejará a muchos consumidores en manos de la banca y los juzgados.

En una nota remitida este viernes, la asociación aclara que, a pesar de todo defenderá, "como ha hecho siempre", la resolución extrajudicial contenida en el real decreto aprobado, así como otros conflictos con los consumidores.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado de "claramente insuficiente" el alcance del Real Decreto y ha destacado que con él "la banca se convierte una vez más en juez y parte" y decide "quién, cuándo y cuánto cobra".

Ha lamentado la falta de transparencia y de independencia en la fijación de las cantidades que los bancos tienen que devolver por la aplicación de la nulidad de las cláusulas suelo.

En el caso de los procedimientos extrajudiciales, la OCU ha dicho que "en ningún caso puede favorecerse una reducción para la banca de las cantidades a devolver", incluyendo el interés legal por las cantidades pagadas de más de forma abusiva.

Tampoco es aceptable, según la OCU, la eliminación de las costas judiciales para las entidades en caso de que los afectados se vean obligados a acudir a juicio por no aceptar la oferta hecha por el banco.

"Los bancos deben asumir todas sus responsabilidades por este engaño masivo, incluyendo las costas, tienen que ser los jueces y no un decreto los que decidan sobre quién carga con los gastos del procedimiento", ha opinado la OCU, que ha añadido: "en todo caso, los consumidores no deben pagar jamás las malas prácticas de la banca".

En cuanto a que los bancos ofrezcan a los afectados "medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo", la OCU ha desconfiado de los acuerdos que ofrecen las entidades financiaras y ha recomendado a los afectados que analicen con detenimiento las ofertas que reciban y busquen asesoramiento legal.

La organización de consumidores Facua ha denunciado que el decreto "es puro humo, ya que no obliga a los bancos a nada".

"Esta norma no establece ningún tipo de sanción para las entidades que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones, ni para las que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero a los usuarios", según denuncia Facua en un comunicado.

La asociación advierte de que si se reintegra a los hipotecados el dinero cobrado fraudulentamente más los intereses no será como consecuencia del real decreto, sino de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece la retroactividad total en las devoluciones en contra del criterio del Supremo "que pretendía que los bancos se quedasen con todo lo defraudado antes de mayo de 2013".

"En este país nadie se atreve a multar a los bancos por el mayor fraude a los consumidores que se ha producido en la historia", ha denunciado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien ha añadido que "no multaron los Gobiernos anteriores ni va a hacerlo este, porque el Ministerio de Economía no ha querido articular mecanismos para sancionar cada caso en el que se nieguen a devolver el dinero".

Según Sánchez, los Gobiernos "tampoco han querido imponer multas contundentes las comunidades autónomas, pese a que la legislación de defensa de los consumidores pone en sus manos las competencias sancionadoras ante las cláusulas abusivas".

El real decreto ley prevé la constitución de una comisión de seguimiento en la que habrá representación del Consejo de Consumidores y Usuarios, un órgano consultivo del Gobierno del que forman parte una decena de asociaciones de consumidores de ámbito estatal consideradas representativas.

"Facua no va a participar en la comisión de seguimiento de una pantomima, no vamos a hacer de convidado de piedra del Gobierno para hacernos la foto, porque estaríamos insultando a los consumidores", ha anunciado Sánchez.