Los abogados no descartan la huelga si se mantiene el IVA en la justicia gratuita

  • Así lo ha acordado el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española.
  • Considerar el servicio de asistencia jurídica gratuita como "un bien de mercado", aplicándole el IVA, "pone en peligro un sistema de naturaleza pública y obligatoria", dicen.
Imagen de la sede del Consejo General de la Abogacía, en el madrileño Paseo de Recoletos.
Imagen de la sede del Consejo General de la Abogacía, en el madrileño Paseo de Recoletos.
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Imagen de la sede del Consejo General de la Abogacía, en el madrileño Paseo de Recoletos.

Los abogados no descartan convocar una huelga si no se suspende de forma inmediata la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al servicio público de asistencia jurídica gratuita.

Así lo ha acordado el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, que ha decidido por unanimidad estudiar la convocatoria de una huelga del turno de oficio y movilizaciones de todos los colegios de abogados, así como una concentración de las juntas de gobierno ante el Ministerio de Hacienda en el caso de que no se suspenda esa aplicación del IVA.

Según señala la Abogacía en un comunicado, considerar el servicio de asistencia jurídica gratuita como "un bien de mercado", aplicándole el IVA, "pone en peligro un sistema de naturaleza pública y obligatoria que garantiza el acceso universal a la Justicia en España desde hace décadas".

Además, entiende que emitir una factura con IVA a los beneficiarios de un servicio público que el Estado presta a través de los colegios de abogados, es decir, a quienes carecen de recursos para defender sus derechos, "puede ser fácilmente percibido por el ciudadano como un trato escasamente digno".

Por todo ello, la Abogacía reclama que se busque "urgentemente" una fórmula que permita suspender "de forma inmediata" la aplicación del nuevo criterio interpretativo de la Dirección General de Tributos, "contrario a la legalidad vigente", que afecta "a un servicio esencial para el mantenimiento del Estado de derecho".

Una medida que, según la Abogacía, supone "un innecesario cargo para las arcas públicas en un contexto de asignación de recursos escasos a la Administración de Justicia"

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