Los servicios tributarios del Gobierno valenciano afloraron el pasado año 21,5 millones de euros en impuestos defraudados tras realizar 9.168 comprobaciones de valor sobre compraventas y bienes heredados o donados. Según los datos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a los que ha tenido acceso 20minutos, estas liquidaciones se realizaron durante 2016 por parte del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT).

Las comprobaciones de valor han sido objeto de polémica en los últimos años, ya que  la Conselleria empezó a realizar envíos masivos de cartas a contribuyentes exigiéndoles una liquidación complementaria de los tributos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, en  la mayoría de casos tras haber comprado una vivienda de segunda mano.

Estos pagos adicionales eran consecuencia de la drástica bajada de los precios de los pisos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Como muchos ayuntamientos no habían actualizado a la baja sus valores catastrales, hinchados en muchas ocasiones en tiempos de bonanza para recaudar más, la Generalitat aplicaba a esta cifra un coeficiente, que variaba en función del municipio. La cantidad resultante era un supuesto precio real del piso, por encima del valor de mercado, por lo que la Administración obligaba a pagar impuestos por esta diferencia. Solo en el ejercicio de 2013 se enviaron 43.083 cartas.

Sin embargo, aquel proceso acabó en los tribunales. Diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anularon no solo los casos particulares, sino la propia orden del Consell del PP que regulaba las comprobaciones.

De hecho, 2016 es un año "atípico", según fuentes de Hacienda, ya que no se puede comparar de forma homogénea con ejercicios anteriores, dado que es la primera anualidad de aplicación efectiva de la nueva orden de comprobación de valores, en cumplimiento de la sentencia del TSJCV que anuló la anterior. Estas mismas fuentes aseguran que, con la anterior norma, "se hacían declaraciones de forma masiva que, sin embargo, no se traducían en ningún ingreso. Al contrario: eran una mera expectativa que luego había que anular por resoluciones del TEAR y judiciales, y suponía además tener que abonar intereses y, en muchos casos, costas judiciales", explican.

Con el cambio de sistema, que ha implicado que los coeficientes son "meras referencias" pero en caso de conflicto como norma general hay que enviar un perito a inspeccionar in situ el bien en cuestión, los ingresos "son líquidos y reales, y no van a ser anulados por los tribunales", apuntan desde el departamento que dirige Vicent Soler.

Esos coeficientes se encuentran ya disponibles en la web de la Conselleria de Hacienda, en el proyecto de orden para 2017. Para este ejercicio, según recoge el documento, se amplían de 2 a 16 el número de municipios con coeficiente de distrito. En el caso de València, el coeficiente de municipio es de 2,73, y el de distrito varía desde el 0,86 de Pobles de l’Oest hasta el 1,38 del centro.

Respecto a las visitas de los peritos, estas solo se producen con "criterios de rentabilidad", es decir, cuando a la Administración no le resulte más caro comprobar el valor de un inmueble que lo que va a obtener en caso de fraude.

"Aquí se ha acabado la política de los últimos 20 años de hacer la vista gorda fiscal". Con estas palabras define la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, la política del actual Consell, para el que la lucha contra el fraude fiscal "es una cuestión prioritaria y esencial para financiar la política social" de la Generalitat. En este sentido, hasta la fecha, el IVAT ha detectado a 1.179 defraudadores y ha recuperado 6,4 millones de euros en dos campañas antifraude: la del Impuesto de Patrimonio y el Plan sobre Protocolos no Autoliquidados.