Galochino ha comparecido ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón a petición del PP y en ella ha detallado que otras partidas con crédito ampliable son la justicia gratuita, las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, la financiación a la Universidad de Zaragoza, programas de fomento del empleo del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), y el pago ordinario de la enseñanza concertada.

El director general ha subrayado que la prórroga requiere "de mayor esfuerzo de gestión" y "no es la situación ideal", tampoco la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, de los que solo se van a poder recibir las partidas consignadas en 2016, para apuntar que las Cuentas de Aragón del año pasado partieron de unos créditos iniciales de gasto no financiero de 4.794 millones de euros, mientras que la liquidación del ejercicio pasado ha sido de 5.041 millones, "246 millones más", ha subrayado.

Galochino ha apuntado que las obligaciones contraídas, como el pago de las nóminas o prestación de servicios comprometidos también están aseguradas, así como los gastos de mantenimiento de las carreteras, contratos adjudicados y subvenciones adquiridas, así como las transferencias nominativas a empresas y otros entes de la Comunidad autónoma.

Sin embargo, no se pueden financiar nuevas inversiones, ni "nuevos programas de estímulo económico", mientras que "el margen de los Departamentos para las subvenciones al tercer sector "es pequeño". Al respecto, ha apelado al "mayor esfuerzo" de gestión y a la "reorganización de ingresos y gastos para contar con algo más oxígeno a favor del tercer sector social".

Por otra parte, ha comentado que se pueden celebrar las Ofertas de Empleo Público aprobadas en 2016, pero no las de 2017 por estar prorrogados los Presupuestos Generales del Estado y en ellos solo se recoge la tasa de reposición del año pasado. No obstante, ha indicado que el Gobierno central puede publicar un real decreto con la tasa de 2017 y eso permitiría convocarlas.

GESTIÓN ANTICIPADA

El director general ha explicado que se ha establecido la posibilidad de "facilitar la gestión anticipada de algunos expedientes de contratación" relativos a obras en colegios y en el Hospital Miguel Servet, "cuyo inicio de tramitación resulta urgente", si bien "no se podrán adjudicar, si no hay Presupuesto de 2017".

Según ha sostenido, son supuestos "de excepcionalidad" y la unidad de control ya los ha informado favorablemente. Se trata de la nueva unidad de hospitalización de psiquiatría del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, las obras de construcción de 18 unidades de primaria en el colegio Las Anejas de Teruel, de nueve unidades de Infantil en el colegio Arcosur y de doce unidades de Infantil en el colegio Valdespartera III.

Galochino ha precisado que se trata de hacer "todo lo legalmente posible para paliar las consecuencias de la falta de Presupuesto", además de que ha sostenido de que las órdenes que se han emitido en relación con la prórroga tienen el propósito de "dejar el Presupuesto lo más ordenado posible por si se prolonga" esta situación y permitir "un margen razonable de seguridad para su encaje con los créditos que resulten definitivamente aprobados".

INSEGURIDAD JURÍDICA

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha señalado que el director general "se tenía que haber mojado más", para asegurar que las normas complementarias publicadas de la prórroga "crean una gran inseguridad jurídica" y expresar la preocupación por partidas que "quedan en el aire", como las de vivienda social, la formación de desempleados y nuevas inversiones en colegios, hospitales y centros de salud.

También ha comentado que "si el texto articulado no está vigente, cómo se va a hacer la gestión del personal, del fondo local, las transferencias a las comarcas o la tarifa del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas". Ha añadido que el Gobierno "ha perdido la poca fiabilidad que podían tener", para pedir que sean "valientes" y presenten el proyecto de ley de Presupuestos de 2017 en las Cortes.

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha opinado que el problema de Suárez "no es de confianza, sino de incredulidad" tras "toda la documentación que se le ha dado" y el detalle de "qué se puede hacer, qué no y las excepciones", aunque ha reconocido que la actual "no es la mejor la mejor situación", tampoco "por la prórroga estatal".

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha señalado que la normativa sobre la prórroga es "restrictiva" y ha querido saber qué se entiende "por gastos imprescindibles para el funcionamiento de los servicios públicos", algo que puede dar lugar a una "elevada discrecionalidad", y si las modificaciones se van a someter al control de las Cortes.

La diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, ha comentado que la política debe servir para "preocuparse por las personas" y "no para paralizar y chantajear" y ha preguntado por los casi cien millones de euros que no estaban consignados inicialmente en el Presupuesto de 2016 para el pago de nóminas y de la educación concertada. Asimismo, ha reclamado que el Gobierno traiga el Presupuesto "para que todos nos retratemos".

El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha manifestado que el proyecto de izquierdas "hace aguas a una velocidad de vértigo" y "si hace un año primaba la emergencia social, de eso no hemos oído nada" ahora y la prórroga "está haciendo mucho daño" a "todos los que tienen necesidades".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha indicado que es el "momento político" de decidir si la prórroga continúa "ajustando lo que haya que ajustar" que "no es lo mejor" o el Gobierno "trae el Presupuesto y cada grupo define su posición", para preguntar al PP "si variaría" su postura ya que "no se ha traído" hasta ahroa "porque dijeron que iban a votar en contra y otras fuerzas no lo iban a apoyar".