La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, ha afirmado este lunes ante diversos defensores del pueblo europeos que en España se "vulneran" derechos humanos a través de sus políticas de inmigración y de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'.

Forcadell ha hecho estas afirmaciones durante la inauguración del debate "Retos de los derechos humanos en Europa", que tiene lugar en el Parlament y que reúne a 26 defensores del pueblo de distintos países europeos para debatir sobre el populismo en el continente y sus consecuencias.

La presidenta del Parlament ha dicho que en España hay "dos líneas de regresión" de derechos humanos, la primera en las políticas de inmigración, y ha criticado que las devoluciones "en caliente" de inmigrantes en las fronteras se hagan al amparo de la Ley de Extranjería de 2015.

Ha asegurado que se produce una "vulneración de derechos fundamentales" en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), unas dependencias cuyo funcionamiento también el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha denunciado en varias ocasiones.

La presidenta del Parlament ha dicho que hay "personas inmigradas" sin acceso a la sanidad pública en España y ha asegurado que el Parlament está en proceso de tramitar una ley que blinde la "universalización" de la asistencia sanitaria en Cataluña.

La "segunda línea de regresión", según Forcadell, se basa en "reforzar el poder del Estado y regular la protesta social" en un contexto de "contestación popular" por los "efectos de la crisis".

"La ley mordaza podría estar vulnerando el derecho de expresión y manifestación", ha afirmado Forcadell, que ha recordado que el Parlament la recurrió y que ha sido criticada por varias instituciones de derechos humanos europeas.

También ha criticado la condena de un año de prisión para la tuitera Cassandra Vera por haber hecho bromas sobre el atentado contra Carrero Blanco, "el segundo máximo dirigente de la dictadura", según ha apuntado.

Asimismo ha hecho alusión al proceso independentista en Cataluña al final de su intervención, cuando ha lamentado los, a su juicio, "intentos de criminalizar procesos participativos pacíficos" por parte de la Justicia.