Con este fin, diferentes miembros de la Plataforma han acudido este viernes hasta el Parlamento regional para presentar el texto de la propuesta que contempla cinco demandas básicas: Dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados.

Así lo ha explicado una de las portavoces de la PAH, Susana García, quien ha destacado que "a pesar de que se han tomado a cabo medidas paliativas" lo cierto es que éstas "no han solucionado el problema real existente porque la única solución posible es tener una Ley de Vivienda que nos permita a todos de manera digna poder vivir en alquiler o comprar".

Las medidas "son pocas" y los datos "es que los desahucios por alquiler en La Rioja han aumentado" por todo ello "lo único que podemos hacer es seguir luchando para que reconozcan nuestra situación y que reconozcan que necesitamos cambios y que hay que hacerlos".

Una Propuesta de Ley que ya ha sido presentada el pasado 22 de marzo en el Congreso y que "mientras se dirime allí" también "queremos que a nivel regional nuestros representantes nos muestren su apoyo ante esta iniciativa justa y defendible".

CINCO PUNTOS BÁSICOS

La Ley de Vivienda de la PAH contempla la dación en pago retroactiva con mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda, la inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas, la eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas.

Por su parte, el alquiler asequible propone la reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad, ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia y establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.

El tercer punto 'Stop Desahucios' apuesta por una moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, obligación de bancos y

grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio o ayudar para pagar el alquiler cuando el propietario en un pequeño tenedor, entre otros.

En el caso de la vivienda social piden la movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, el incremento del parque público de vivienda, y alquileres sociales no superiores al 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Finalmente, en el punto de suministros garantizados piden el "principio de precaución", garantía de no cortar los suministros básicos sin antes tener información sobre la situación de las afectadas, la tarifa social con el pago en función de la capacidad adquisitiva y no asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.