José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, anunció este domingo que comparecerá ante el Congreso para explicar su reunión del pasado 8 de marzo con Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González e imputado, como este, en la 'operación Lezo' contra el saqueo el Canal de Isabel II y la financiación ilegal de los populares en la región.
"Estoy absolutamente tranquilo [...] Soy una persona ajena a la investigación y por tanto desconocía su contenido", aseguró el número dos del ministro del Interior acerca de un encuentro que tuvo lugar solo un día después de que, según los autos del juez instructor Eloy Velasco, los González fuesen alertados (a través de los directivos del diario La Razón y gracias una magistrada de la propia Audiencia Nacional) de que estaban siendo vigilados.
Nieto se explicará a petición propia, pero solo después de que el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos exigiesen el viernes la presencia de su superior, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, del responsable de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para ser interrogados en la Cámara Baja por el intento del nuevo fiscal Anticorrupción, Manuel Moix –ex fiscal jefe de Madrid y afín al PP; o "un tío serio", como Ignacio González afirmó en una charla con el exministro del PP Eduardo Zaplana pinchada por la Guardia Civil y desvelada por El Español– de frenar uno de los registros vinculados a la Lezo, en contra del resto de fiscales.
De González a Gallardón
Este 'charco' político-judicial es el tercero que pisa el Gobierno de Rajoy esta legislatura, después del relevo de los fiscales que investigaban al expresidente popular de Murcia Pedro Antonio Sánchez y de la sustitución por José Manuel Maza de la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, que abandonó tras negarse a firmar los nombramientos que le proponía el ministro Rafael Catalá. La diferencia, en esta ocasión, es que el cieno que acumula el lodazal de Madrid amenaza con tragarse al PP.
El auto de prisión provisional sin fianza que llevó a Ignacio González a la cárcel de Soto del Real el viernes no solo responsabiliza a este de cobro de comisiones, manipulación de adjudicaciones públicas o blanqueo de capitales, sino que revela la posible financiación ilegal de los populares madrileños.
El documento que rubrica el juez Velasco recoge "indicios" de que González solicitó a la agencia regional de informática ICM alrededor de un millón de euros "para sanear las cuentas del PP". La petición pudo repetirse después con el Canal de Isabel II. Para obtener esas cantidades, las empresas públicas habrían inflado contratos con proveedores habituales como Indra o PwC, que después abonaban las facturas pendientes del partido.
La investigación podría remontarse a la época en la que Alberto Ruiz-Gallardón presidió la Comunidad, después de que González asegurase, en una conversación intervenida con su hermano, que guardaba información comprometedora sobre su mandato. En el sumario figura otra llamada de la que se desprende que Ildefonso de Miguel, ex director gerente del Canal, se habría embolsado "algún tipo de comisión" por la construcción de los Teatros del Canal, un proyecto iniciado por Gallardón cuyo coste se disparó de 50 a 76 millones de euros y que fue concluido durante la época de Esperanza Aguirre.
eldiario.es reveló este domingo, por otra parte, que fue la guerra interna en el PP la que provocó la investigación contra Ignacio González. Según esta información, el extesorero nacional Álvaro Lapuerta y el exgerente Luis Bárcenas compraron a un detective privado un documento que demostraría que González poseía dinero en Suiza y que había cobrado una comisión de la constructora OHL. La información acabó, por otra vía, en manos de la justicia.
ÁNALISIS: Gürtel, Púnica y Lezo se cruzan
- ¿Qué investiga cada causa?
Las tres coinciden en el rastreo de sobornos, cobro de comisiones y adjudicaciones irregulares en administraciones del PP. Gürtel inició el rastreo de la financiación ilegal del PP a raíz de los papeles de Bárcenas, una línea que también aparece en Púnica -con la agenda de Francisco Granados y los documentos del gerente madrileño Beltrán Gutiérrez- y en Lezo -por las conversaciones pinchadas y las declaraciones judiciales-. - ¿Cómo se relacionaban González y Granados?
Estaban enfrentados. El primero era la mano derecha de Aguirre. El segundo, el secretario general del partido. Uno manejaba a su antojo el Canal de Isanel II, la mayor empresa pública de la región. Otro era el 'dueño' del sureste y el suroeste madrileños, donde organizó una red mordidas a cambio de contratos públicos. - ¿Qué empresarios están implicados?
El juez Velasco investiga en Lezo a políticos y empresarios que ya aparecieron en la PúnicaFrancisco Correa, cerebro de la Gürtel, aseguró que OHL, ACS o Dragados pagaron comisiones a políticos del PP a cambio de contratos. Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso) y Juan Miguel Villar Mir (OHL), figuran como contribuidores del PP en los papeles de Bárcenas. Javier López Madrid, vocal de OHL, está imputado en Púnica y Lezo por la supuesta entrega de cantidades a Granados y González. Bárcenas también anotó el nombre de Joaquín Molpeceres. Una de sus empresas, Licuas, fue registrada a raíz de la operación Lezo. Javier de Andrés está imputado en Púnica como consejero delegado de Indra, empresa a la que el juez Velasco ha pedido información por Lezo. - ¿Qué es Fundescam?
La fundación del PP de Madrid que, según una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, sirvió para que el partido financiase ilegalmente las campañas electorales de 2003 y 2004 mediante contribuciones de empresarios como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o el expresidente de la patronal madrileña y condenado por las tarjetas black, Arturo Fernández. Aguirre se escudó en su día en que el responsable de Fundescam era su predecesor, Pío García Escudero. El caso se archivó en 2010 porque los delitos habían prescrito, pero la incautación de una agenda al gerente Beltrán Gutiérrez en el marco de la operación Púnica ha hecho sospechar al juez Velasco de que el PP siguió utilizándola para captar fondos de forma irregular. - Denunciantes 'internos'
La Gürtel llegó hasta los tribunales gracias a la denuncia del exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Ana Garrido, trabajadora municipal de Boadilla del Monte, acumuló pruebas y se las envió -sin éxito- a Esperanza Aguirre. Cristina Cifuentes, sucesora de Ignacio González, puso en manos de la Fiscalía la auditoría realizada en el Canal de Isabel II -después de recibir las presiones de la oposición-, ayudando con ello a destapar Lezo. Una denuncia anónima dio pistas a Anticorrupción para investigar la Púnica.
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