España invierte un 40% menos de dinero público en vivienda que el resto de Europa

  • El peso del mercado inmobiliario en las cuentas públicas cada vez es más residual.
  • Según la patronal de las constructoras, España debería invertir 103.780 millones de euros para cubrir las necesidades en infraestructuras.
Promociones de viviendas en construcción, en una imagen de archivo.
Promociones de viviendas en construcción, en una imagen de archivo.
20MINUTOS.ES
Promociones de viviendas en construcción, en una imagen de archivo.

España destina un 40% menos de dinero público a vivienda y servicios comunitarios que el resto de Europa y un 43% menos si solo nos comparamos con las cuatro mayores economías de la región. Lo asegura el informe que ha publicado la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras en España (Seopan) junto con la consultora internacional AT Kearney, denominado 'Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España'.

Los últimos datos disponibles de la Comisión Europea sostienen que, mientras en el mercado doméstico se dedican 25 euros por habitante a dicho fin, la media de la UE destina 40 euros y la media de las cuatro grandes potencias de la región invierte 44 euros, lo que supone 19 euros más. Esta diferencia se traduce en un déficit para España de 879 millones de euros anuales.

El peso del mercado inmobiliario en las cuentas públicas cada vez es más residual. Si nos comparamos con Italia o Francia las diferencias son aún mayores: el país transalpino dedica 50 euros públicos por habitante a vivienda y servicios comunitarios (el doble que España), mientras que el Estado galo invierte hasta 81 euros por habitante a este fin. Es decir, más del triple. No obstante, en Reino Unido la inversión es ligeramente inferior: unos 20 euros por persona.

Según el informe, España debería invertir 103.780 millones de euros para cubrir las necesidades básicas que plantean hoy en día nuestras infraestructuras. La patronal sostiene que la Administración pública y el sector privado deben llegar a un punto de encuentro para poder afrontar este gasto sin perjudicar la reducción del déficit público que marca Bruselas, y alerta de que solo será posible garantizar la competitividad española y el bienestar social si se apuesta por el sector de las infraestructuras.

Más allá de la necesidad de construir viviendas por parte del sector público, Seopan detecta en su informe 37 proyectos prioritarios relacionados con el área de urbanismo que requieren un aumento de la inversión pública. En términos generales, son obras que requieren una inversión en construcción superior a los 50 millones de euros, con una buena ratio coste/beneficio (lo que significa que son rentables) y cuyo objetivo es mejorar la movilidad urbana. Además, son proyectos que están planificados o lo han estado en el pasado.

En concreto, son proyectos vinculados a la mejora de las redes de metro y tranvía de los principales núcleos urbanos del país. La patronal calcula que el coste de llevarlos a cabo alcanzaría 12.314 millones de euros (más IVA) y afectaría a 144 km, pero que su beneficio social rozaría los 15.000 millones y permitirían un ahorro de tiempo de viaje para los ciudadanos (unas 236 horas por cada km de infraestructura), así como reducir el impacto medioambiental.

El informe incluye obras en múltiples grandes ciudades, entre ellas Málaga, Alicante, Barcelona, Sevilla, Madrid, Granada, Vigo, San Sebastián, Córdoba, Vitoria y Palma. Destacan la prolongación de líneas de metro ya existentes, la creación de nuevas, la fusión de servicios o la puesta en marcha de conexiones entre diferentes puntos de las ciudades para mejorar su comunicación. Según Seopan, algunas de las propuestas están pendientes de licitación, mientras que otras son anteproyectos y otras están siendo analizadas para medir su grado de viabilidad.

Además de mejorar la movilidad y la integración de las ciudades, la patronal pone de manifiesto la importancia de apostar por la rehabilitación urbana, que será un filón para el sector constructor en los próximos años, y el desarrollo de políticas que hagan de las grandes metrópolis españolas verdaderas ciudades inteligentes.

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